“El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medioambiente de la que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y participación de la población, poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”.
A partir de esa declaración, el Gobierno colombiano ha incrementado la consulta a las comunidades para la toma de decisiones en materia ambiental. Pero, el cumplimiento de este compromiso parece requerir nuevas formas y mecanismos de participación, pues, sin duda, las decisiones en materia de licencias y planes de gestión ambiental están demandando una mayor claridad sobre el papel vinculante de los resultados de la participación.
Esta, de parte de los interesados en actuaciones que impactan el ambiente, también es un eje transversal a todos los 17 Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible, estrategia que, igualmente, es fundamental para lograr los objetivos en la reducción del Calentamiento Global, denominado Acuerdo de París, y que acaba de ser refrendado en Nueva York por 171 países.
Vale recoger lo que distintos expertos han manifestado sobre la importancia, los momentos y mecanismos de participación de los interesados en la definición de políticas, estrategias y programas que garanticen que el sector privado y las comunidades se comprometan con la financiación, ejecución y logro de metas adquiridas por el país.
En sus orientaciones, los expertos señalan que no pueden uniformarse los mecanismos de participación frente a la diversidad de quienes, como usuarios de los recursos naturales y población residente en zonas de explotación o autoridades locales, deban ser convocados para lograr metas.
En consecuencia, cada uno de los grupos de interés debe ser atendido de manera distinta en función del nivel de compromiso y capacidad para compartir los objetivos de sostenibilidad. De igual manera, hay que diferenciar los grupos sociales según su nivel de conocimiento. De hecho, un grupo posee conocimientos científicos mientras que otro percibe los daños desde su propia experiencia como poseedor de conocimientos ancestrales y otro como individuo afectado por el deterioro ambiental.
Desde la perspectiva de los momentos en que debe darse la participación de la sociedad civil, todos los expertos concluyen que debe darse desde las etapas de diseño de políticas, en la definición de estrategias, en el seguimiento y la entrega de informes sobre resultados. Si bien los aportes de estos grupos son diferentes y hasta contradictorios, precisamente se trata de llegar a consensos puesto que la inclusión de diferentes grupos sociales tiene un importante efecto no solo de aprendizaje sino en el compromiso adquirido.
Con el fin de superar la falta de credibilidad por parte de la ciudadanía en los datos sobre el avance en el cumplimiento de metas, ACODAL propone cuatro estrategias:
La primera, poner en funcionamiento las instancias consultivas para la producción de información en las que participen organizaciones de la sociedad civil, en donde la información sea producida por instituciones de economía mixta que confronten datos públicos y privados.
La segunda, asistir y acompañar a las comunidades en la selección y el significado de los indicadores definidos, a fin de superar las dificultades en la comprensión por grupos de población que no cuentan con herramientas científicas ni formación suficiente para interpretar datos.
La tercera, diseñar, sin que esto limite su ajuste en cada localidad, metodologías de consulta y presentación de resultados. Pretender informar en reuniones masivas donde los participantes no entienden ni pueden presentar inquietudes no genera gobernanza.
Finalmente, la participación debe estar ligada a la acción. Con este fin, los grupos de interés deben estar articulados en red para compartir información, conclusiones, experiencias, dudas y situaciones exitosas. De lo contrario, aumentan los costos y el impacto se reduce.
Tanto a la sociedad civil como a los gobiernos les espera un trabajo arduo de coordinación para diseñar mecanismos y procesos que estructuren redes de participación que les den gobernabilidad a las decisiones que se tomen, para alcanzar las metas de los Objetivos del Desarrollo Sostenible y para lograr las metas del Acuerdo de París. Para ganar gobernanza, es perentorio garantizar desde un comienzo la participación de los diferentes grupos de interés en la elaboración de procesos incluyentes, en los que gobernantes y gobernados lleguen a acuerdos en el qué, el cómo, dónde y cuándo.
Maryluz Mejía de Pumarejo
Presidente Ejecutiva de Acodal
Felipe Villar Stein
Director Instituto Mariano Moreno Región Andina
