Es una lástima que se haya abortado antes de ser debatida la propuesta del Jefe de Estado de acabar con la reelección presidencial y extender el periodo del presidente a 6 años, aunque sí es muy positivo que haya sido enterrado el proyecto de ampliar el tiempo de alcaldes y gobernadores.
Las reelecciones en Colombia nunca han sido buenas. En el siglo XIX, las del general Mosquera y Rafael Núñez terminaron en abdicaciones del poder y desembocaron en feroces guerras civiles; el general Reyes tuvo que dejar el poder al ser reelegido a principios del siglo XX, y lo mismo le pasó a López Pumarejo, aunque su reelección no fue inmediata, sino después de la presidencia de Eduardo Santos.
Con esos antecedentes históricos, es lógico que los Constituyentes del 91 hubieran prohibido la reelección, incluso la no inmediata, y diseñaran un esquema institucional con pesos y contrapesos que solo podía funcionar si los mandatarios elegidos no podían usar los privilegios y el poder de su posición para hacer campaña en beneficio propio. En el 91 se les pasó por alto incluir dentro de esta prohibición al Procurador, y ahora estamos pagando las consecuencias.
El riesgo de que un presidente en ejercicio use todo el poder del Estado para su campaña como candidato y descuide su obligación de gobernar, es tan grande y obvio que hasta el expresidente trinador cuando era candidato, en el 2002, pronosticó la corrupción que vendría en su Gobierno cuando hizo la promesa incumplida de no buscar su reelección diciendo: “la reelección inmediata no me convence, porque entonces se puede poner el Gobierno a buscarla”.
El pronóstico se cumplió y se llegó a uno de los mayores casos de corrupción de la historia reciente colombiana: el cambio de reglas de juego en la mitad del partido, con la compra de votos en el Congreso, usando todos los medios legales e ilegales para cambiar ‘un articulito’ de la Constitución en beneficio propio. Su ambición de poder es tan grande que intentó hacerlo por segunda vez con el referendo, pero para fortuna del país la Corte Constitucional frenó ese atropello a las instituciones democráticas.
Pero hay que despersonalizar este debate. No se trata de argumentos sobre las cualidades o los defectos de un presidente en particular, sino sobre las nefastas consecuencias políticas e institucionales de la figura de la reelección en el marco real del Estado colombiano.
Por eso es necesario volver a la Constitución del 91 y prohibir totalmente la reelección de todos los funcionarios públicos. Es un gran avance que sea el propio presidente Santos quien retome este plan, que ya había sido planteado desde diversas orillas del espectro político. Como contrapartida de esta reforma, propuso ampliar el periodo presidencial a 6 años; es un cambio conveniente, pero, creo que bastan periodos de 5 años.
La propuesta de Santos fue malinterpretada, porque se tergiversó como si él estuviera queriendo cambiar la Constitución en beneficio propio, como su antecesor, y extender automáticamente su periodo a 6 años. De hecho, él rechazó de manera explícita esa posibilidad y lo que planteó fue que, si se presentaba a la reelección, a lo que hoy tiene derecho, renunciaría a 2 años de su próximo periodo, y de ahí en adelante se volvería a prohibir la reelección de un presidente en ejercicio.
Es una propuesta sensata. Por ahora quedó enterrada, pero si Santos se presenta a la reelección, tiene toda la posibilidad de revivirla en el 2014.
Mauricio Cabrera G.
Consultor privado
_7.jpg)
