La irrupción de las motos en las calles y vías del país, ha sido, sin lugar a dudas, toda una revolución silenciosa (en realidad son muy ruidosas) en la sociedad colombiana. Con 6,6 millones de motocicletas matriculadas, en menos de dos décadas el 40 por ciento de los hogares pasaron de peatones a orgullosos poseedores de su propio medio de transporte, que ya supera a los 5,2 millones de otros vehículos registrados.
El cambio es tan grande, como el paso de la mula al jet. Porque ser dueño de la moto no solo significa para el propietario independizarse de las demoras e incomodidades del transporte público en las ciudades, o evitar las largas caminadas en las veredas rurales, también implica una mejora sustancial en la calidad de vida de las familias.
Son una alternativa para llevar a los niños a la escuela, para hacer mercado más allá de la tienda de la esquina, para salir a rumbear con la novia el viernes por la noche o para ir de paseo el fin de semana con toda la familia, el perro incluido. Además de ser una posible fuente de ingresos como mensajero o mototaxista. Y todo muy barato, porque el consumo de gasolina es mínimo y las cuotas mensuales de la financiación de la moto se pagan con lo que se ahorran en pasajes de Transmilenio, Mío o Metrobus.
Han sido graves las consecuencias de la proliferación de motos para la salud pública, pues las muertes y lesiones por accidentes ya son toda una epidemia: el 64 por ciento de los 4.436 muertos que hubo en siniestros de tránsito en el 2014 eran motociclistas, lo mismo que el 66 por ciento de los 34.451 lesionados. Son mucho más peligrosas que los carros.
El problema no son las motos, sino la gran informalidad del mercado, causada por la falta de control y las políticas paternalistas del Estado que no exige a las motos que paguen los costos que sí tienen que hacer todos los demás vehículos, de manera que en las calles impera la ley de la selva y los beneficios individuales de los motociclistas, que no son gratis, los acaba pagando el resto de la sociedad.
La falta de control se evidencia, por ejemplo, en la facilidad de adquirir una moto sin ningún requisito distinto a tener un pase, que se consigue sin necesidad de conocer las mínimas normas de tránsito. Más grave aún, en los 3,1 millones de motos (47 por ciento del total) que circulan sin Seguro Obligatorio (Soat), y el Ministerio de Transporte, impávido.
El Estado paternalista trata a las motos como si fueran bienes que necesitaran estímulos para ser vendidos: la tarifa del Soat es subsidiada, pues solo se les cobra el 35 por ciento de su valor; hay exenciones de IVA para las motos pequeñas: no pagan peajes en las carreteras nacionales y, en la mayoría de las ciudades capitales, no están sujetas al pico y placa como los demás vehículos.
Son tantas, que están dejando de ser una solución a la difícil situación de la movilidad en las metrópolis para ser parte del caos. En Cali, por ejemplo, es absurdo querer mejorar la movilidad aumentando el pico y placa a los vehículos, cuando lo que se debe hacer es aplicarlo también a las motos, como ya lo hacen Medellín y Bucaramanga. No se trata de discriminar en contra de las motos e imponerles cargas mayores que a otros vehículos, pero tampoco deben tener privilegios injustificados, cuyos costos los paga el resto de la sociedad.
Mauricio Cabrera G.
Consultor privado
macabrera99@hotmail.com
Mauricio Reina
INVESTIGADOR FEDESARROLLO
