En medio de una andanada de noticias asombrosas y sorpresivas, creo que el caso de Yidis y Teodolindo sigue siendo el tema más importante y significativo de esta agitada coyuntura política por la calidad de los ministros involucrados en el supuesto cohecho y por las eventuales repercusiones que puede tener sobre la legitimidad del Gobierno.
Frente a la detallada confesión de Yidis sobre la forma como la compraron para que cambiara su voto, y a las pruebas aportadas sobre las prebendas que ella misma y Teodolindo recibieron, el presidente Uribe ha guardado total silencio y solo ha hecho una declaración de principios: "el Gobierno persuade, no presiona ni compra conciencias". Los funcionarios directamente acusados han negado los hechos y sus abogados defensores, con la complicidad de algunos medios de comunicación, se han dedicado a desprestigiar a la acusadora tachándola de delincuente, chantajista o demente.
El problema para todos ellos es que hasta ahora la Corte Suprema sí ha creído que los hechos relatados por Yidis son ciertos y por eso ya están en la cárcel ella y Teodolindo; también le creyó la Procuraduría y por eso reabrió las investigaciones contra los ministros acusados. En otras palabras, a juicio de la justicia colombiana (faltando todavía la decisión de la Fiscalía), los métodos de persuasión que utilizó el Gobierno para lograr la aprobación de la reelección del Presidente, que según parece incluyeron cuotas burocráticas, notarías y hasta dinero en efectivo, no son legales y pueden ser delictuosos.
Aunque los lectores ya puedan estar saturados con este tema, hay un aspecto que no ha sido analizado todavía: ¿cuáles son los métodos de persuasión que ha utilizado el Gobierno para que la mayoría de los colombianos no crea que son ciertos, o no le importe que lo sean, los hechos de corrupción denunciados por Yidis? ¿Por qué este escándalo no afecta el mítico 80 por ciento de imagen favorable del Presidente y solo muy poco la del Gobierno?
Son tres las reacciones de la opinión pública que explican la permisividad y tolerancia frente a las denuncias de corrupción: un grupo minoritario cree a pie juntillas la versión del Gobierno y piensa que las acusaciones de Yidis son mentira y parte de una conspiración para desprestigiar a Uribe e impedir su segunda reelección. Otro grupo acepta que sí existió la oferta de prebendas para cambiar el voto de los dos congresistas, pero piensa que se hizo a espaldas del Presidente. Finalmente, el grupo mayoritario, según las encuestas, también cree que fue cierta la compra de los votos, pero la justifica diciendo que es una práctica común de todos los gobiernos, o que un fin tan bueno como reelegir a Uribe, justificaba utilizar medios corruptos.
¿Cómo explicar que en Colombia se hayan corrido tanto las fronteras de la moral, y aún personas muy críticas que ante acusaciones similares se rasgaron las vestiduras ahora pasen de agache? Una de las razones es que este Gobierno es experto en la utilización de armas de persuasión masiva para moldear la opinión pública. Unas son prebendas económicas que aumentan de manera irresponsable el déficit fiscal, como las medidas populistas de otorgar $100.000 de bonificación a todos los empleados públicos, o aumentar los sueldos de 1.000 alcaldes, o tratar de aumentar hasta 3 millones el número de 'Familias en Elección'.
Otras son estrategias mediáticas que cumplen la doble función de mostrar las fortalezas del Presidente, y de desviar el debate público de los temas que lo afectan. Por ejemplo, la forma como se han manejado las revelaciones gota a gota del computador de 'Reyes', o la decisión de extraditar a los cabecillas paramilitares cuando amenazaban con hablar más de la cuenta, eso sí, sin quitarles los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. Cuando estas no son suficientes se recurre a los ataques personales a los opositores, a desprestigiar a los jueces, o inclusive a sacrificar a los amigos y aliados como hizo el Comisionado de Paz con los partidos arribistas. ¿Hasta cuándo durará la persuasión?
