La acusación y captura por lavado de activos y vínculos con narcotraficantes del general Flavio Buitrago, jefe de seguridad del expresidente que se preciaba de conocer hasta el mínimo detalle de todo el funcionamiento de su Gobierno, puede verse como un hecho aislado, una manzana podrida en la impoluta Casa de Nariño, o por el contrario, como un eslabón más de una cadena de hechos interconectados.
Para resolver esta cuestión se requiere responder una simple pregunta: ¿Qué tiene en común el general Buitrago con los personajes que se nombran a continuación?
El general Mauricio Santoyo, también jefe de seguridad del expresidente, condenado en Estados Unidos a 13 años de cárcel por ser culpable de colaboración con el narcotráfico, y en Colombia por ‘chuzadas’ a defensores de derechos humanos.
Los generales Rito Alejo del Río y Mario Montoya, investigados por nexos con paramilitares en masacres perpetradas en Urabá y Medellín; el segundo debió renunciar a la embajada en R. Dominicana.
Jorge Noguera, Andrés Peñate y María del Pilar Hurtado, “buenos muchachos” y exdirectores del DAS, el primero condenado por asesinato y vínculos con paramilitares, los otros dos investigados por las ‘chuzadas’ a la Corte Suprema y la última, prófuga de la justicia.
Los exministros Sabas Pretelt y Diego Palacio, y el superintendente de Notariado Manuel Cuello Baute, juzgados por el comprobado cohecho de la compra de votos para la reelección del expresidente de marras, y el último de ellos ya confeso y condenado.
Los exembajadores Luis Guillermo Giraldo (en México), Salvador Arana (en Chile), Luis Camilo Osorio (en México) y Juan José Chaux (en República Dominicana), los dos primeros ya condenados, por fraude en el referendo reeleccionista y asesinato, respectivamente, y los otros dos investigados por vínculos con el paramilitarismo.
Los exconsejeros presidenciales Luis Carlos Restrepo y José Obdulio Gaviria, el primero, prófugo de la justicia, que lo investiga por la falsa desmovilización de guerrilleros, y el segundo, bien conocido de autos.
Carlos Albornoz, Juan Carlos Vives y Omar Figueroa, acusados de poner la Dirección Nacional de Estupefacientes al servicio de testaferros del narcotráfico y corruptos políticos conservadores.
El exministro Andrés Felipe Arias y el exdirector del Incoder, Rodolfo Campo, acusados, y en juicio, por irregularidades en el conocido caso de AIS.
El primer primo, Mario Uribe Escobar, las excongresistas Rocío Arias y Eleonora Pineda, junto con los otros 30 parlamentarios condenados por alianzas con los paramilitares para conseguir votos para su propia elección y la campaña presidencial.
El rasgo común de todos los nombrados, y muchos otros que no caben en este breve espacio, además de tener cuentas pendientes con la justicia, fueron funcionarios o cercanos colaboradores del expresidente que compró su reelección. Él los seleccionó y nombró, o buscó y aceptó su apoyo (“que voten por mis proyectos antes que los metan a la cárcel”).
Nadie es responsable de los actos de sus familiares, y al expresidente no se le pueden endilgar las culpas de su hermano, acusado de paramilitar, o de su cuñada y sobrina, condenados en EE. UU. por ser narcotraficantes. Pero un líder o un gerente sí es responsable por la gente que escoge para sean sus colaboradores.
Dime a quién nombras y te diré quién eres, se puede decir parafraseando la sabiduría popular. No es casualidad que el expresidente hubiera nombrado a tantos delincuentes, o que varios de ellos, personas correctas y sin antecedentes, hubieran llegado a delinquir por trabajar para él. Es la consecuencia de gobernar bajo el principio del ‘todo vale’.
Mauricio Cabrera G.
Consultor privado