La extradición fue en una época la principal amenaza contra los narcotraficantes, pero ahora está dejando de ser un arma en la ‘guerra contra las drogas’ para convertirse en un instrumento para premiar o castigar presuntos delincuentes, no por la gravedad de sus delitos, sino de acuerdo a los intereses políticos de gobiernos o jueces.
Para unos, la extradición es ahora casi que un premio, una alternativa para no responder por sus crímenes en Colombia, o en un camino para lograr condenas irrisorias y después de unos pocos años en la cárcel salir a disfrutar sus fortunas malhabidas. Para otros es el castigo por saber demasiado o por no haber aceptado los tratos ofrecidos por los fiscales.
Lejos están los tiempos en que Pablo Escobar decía que prefería una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos, y con bombas y ataques terroristas presionaba para que el Estado prohibiera la extradición, como efectivamente lo logró en 1991. Más lejos aún, la época en la que la delación de los cómplices no condonaba el crimen porque se creía en el aforismo aquel de que “Roma no paga a traidores”.
Lo que se ve ahora es la expresión de júbilo y el signo de victoria del narcotraficante alias ‘fritanga’ al montarse al avión que lo llevaría a EE. UU.; o las huelgas de hambre de extraditables en las cárceles de Colombia para que les aceleren su envío al país del norte. O los que antes de ser capturados acá, o asesinados por sus socios, negocian su entrega con la DEA. Prefieren una cárcel en EE. UU. que una tumba en Colombia.
Y están los que usan esas negociaciones con la justicia norteamericana como mecanismo para lograr la impunidad por los delitos cometidos en Colombia. Son aberrantes los casos del exgobernador Lyons, que robó miles de millones de recursos públicos y descansa tranquilo en Miami negociando con cuanta plata se queda. O el de Moreno, el infame fiscal anticorrupción que presiona para que lo extraditen para ser juzgado allá por haber recibido un soborno de 10.000 dólares, y no responder acá por el ‘cartel de la toga’.
El caso más reciente y escandaloso es el del señor Marín, acusado acá de robarse la plata de los contratos del Fondo para la Paz y pedido en extradición por conspiración para exportar cocaína. De manera sorpresiva, le levantan la orden de extradición y viaja a EE. UU. como invitado de ese gobierno para convertirse en supuesto testigo protegido. Allá se quedará con casa, carro y beca ,junto con su familia, y nunca será juzgado por sus delitos en Colombia. Tal vez es el premio por haber involucrado a Santrich en el plan.
Por el contrario, la extradición sí resultó un castigo para Mancuso y los demás jefes paramilitares, pero no por haber sido narcotraficantes, porque eso se perdona, sino por saber demasiado de las conexiones de políticos con paramilitares y estar dispuestos a contarlo. Lo similar con los casos anteriores es que nunca se sabrá la verdad de sus atroces crímenes en Colombia ni habrá reparación para sus víctimas.
No tiene sentido oponerse a la extradición por un trasnochado nacionalismo, pero sí se debe exigir que se respete a la justicia colombiana y que los crímenes cometidos en el país no queden impunes por las decisiones de los jueces norteamericanos.
