Pocas veces se habían visto a los empresarios, sus gremios y medios de comunicación haciendo una gavilla tan fuerte contra un proyecto tributario; pocas veces se habían unido a la gavilla columnistas que casi nunca escriben de temas económicos y que ahora critican con propiedad un proyecto que tal vez ni siquiera han leído. Pocas veces las críticas han tenido menos fundamento y pocas veces los argumentos en contra han sido tan débiles y contradictorios.
Antes de que me excomulguen los críticos, debo decir que estoy de acuerdo en que el proyecto no es la reforma estructural que desde hace años vienen reclamando analistas y académicos; en ese sentido no es una buena reforma, pero es que nunca pretendió serlo. No va a simplificar el sistema tributario, ni va a hacerlo más eficiente, ni más progresivo, pero es que ese no es su objetivo. Es solo una reformita para tapar el hueco fiscal de los próximos años, y en esta perspectiva debe ser analizada y evaluada.
El origen de ese faltante –que para el 2015 se calculaba en $12,5 billones, antes de la caída de los precios del petróleo– no es que el gasto público se haya disparado de un año a otro, sino que caen los ingresos del Gobierno porque se terminan dos impuestos, que de forma ilusa se pensó, que podían ser temporales: el del patrimonio, que existe desde el 2003, y el gravamen a los movimientos financieros (GMF) o cuatro por mil, que empezó en 1999.
Por eso, el núcleo del proyecto no era crear nuevos tributos, sino solo revivir por otros cuatro años esos dos impuestos, aunque la idea inicial del Gobierno era aumentar la tarifa del primero. En el curso del debate, los gremios propusieron sustituir el impuesto al patrimonio por impuesto a la renta, y el Ministro aceptó parcialmente esta idea: bajó la tarifa y la sustituyó por una sobretasa al Cree, lo que no gustó a los empresarios porque este impuesto tiene menos posibilidades de deducciones.
La principal crítica gremial es que el impuesto al patrimonio atenta contra la inversión y el empleo.
Podría ser cierto, pero no explican por qué hace 12 años no se hizo la misma crítica, sino que se aplaudió al expresidente de la confianza inversionista cuando creo este impuesto. Tampoco explican los nuevos críticos por qué en este periodo con ese impuesto vigente y con tarifas más altas, Colombia tuvo las mayores tasas de inversión privada de su historia y en este Gobierno el desempleo bajó a un dígito. No se entiende, por qué mantener un impuesto viejo ahora sí va a desestimular la inversión y aumentar el desempleo.
Por el contrario, la crítica al GMF no es nueva, pues desde que empezó se ha dicho que tiene efectos perjudiciales para el funcionamiento del sistema de pagos, pero el Gobierno, que no puede prescindir de los 6 billones de pesos que le aporta, no ha querido acoger la propuesta de reducir la tarifa al uno por mil y compensar el recaudo eliminando la mayoría de las 27 exenciones al gravamen; peor aún, ahora se está creando una nueva.
Otros temas que han sido planteados y deberían incluirse en el segundo debate en el Congreso son el impuesto a los dividendos, pero con una tarifa progresiva para que no paguen lo mismo los grandes y los pequeños inversionistas, y subir el impuesto a los capitales golondrina. Con estas dos nuevas fuentes de ingreso se puede reducir aún más la tarifa del impuesto al patrimonio.
Mauricio Cabrera G.
Consultor privado
macabrera99@hotmail.com