La movilización indígena, que llevó al desalojo de las bases militares en las montañas del Cauca, fue una asonada que no pasó a mayores por el comportamiento heroico del sargento García y sus hombres, que respetaron la protesta de la población civil y no respondieron con sus armas, aún a costa de tener que aceptar la humillación de verse sacados a empujones.
En la situación de conflicto interno que vive Colombia, y frente a la amenaza del narcotráfico y la guerrilla, el Estado no puede permitir que se repita lo que hicieron los indígenas caucanos, así estos tengan derechos constitucionales para administrar sus territorios.
La cuestión es ¿cómo lograrlo?, ¿cuál es el camino para que la Fuerza Pública pueda hacer presencia en los territorios indígenas sin el rechazo de sus habitantes?
En las respuestas a estas preguntas, se han mostrado las tendencias políticas e ideológicas que hoy se disputan el poder en Colombia: la derecha conservadora y reaccionaria, frente a la liberal progresista y tolerante.
En la esquina derecha, el procurador Ordoñez, para quien el camino es la judicialización y el castigo de los indígenas por los delitos de asonada y violencia contra funcionarios oficiales, tipificados en los Artículos 128 y 164 del Código Penal.
Es la vía de la represión como amedrentamiento para que a nadie se le ocurra volver a cometer esos actos, pues será castigado. No hay cabida al diálogo ni a la conciliación, porque, para el Procurador, “no se puede negociar ni la legalidad ni el cumplimiento de la ley”.
En la esquina liberal, el fiscal Montealegre, quién en el debate del programa Hora 20 afirmó que no se puede criminalizar la protesta social porque es un derecho ciudadano, y planteó el camino del diálogo y la negociación con los indígenas.
El Fiscal acepta que pueden haberse cometido delitos, si la protesta fue violenta, pero aún en este caso no es obligatorio criminalizar y condenar, porque se puede y debe aplicar el “principio de oportunidad”, que permite a la Fiscalía no penalizar una conducta si hay motivos que la justifiquen y existen otros mecanismos de reacción social más eficaces.
Uno de los casos en que la ley colombiana acepta la aplicación del ‘principio de oportunidad’ es cuando “la persecución penal de un delito comporte problemas sociales más significativos”.
Y no hay duda de que meter a la cárcel a cientos de indígenas generaría un estallido social inmanejable, que beneficiaría a la guerrilla y haría más difícil alcanzar el objetivo de la paz y la justicia en esta conflictiva región.
Detrás de estas posiciones, hay dos visiones totalmente diferentes de la justicia. Una, la de la derecha, es la justicia como venganza: la ley del Talión –ojo por ojo y diente por diente–, que exige represalia y castigo por cualquier delito.
Otra, la liberal, que concibe la justicia como un instrumento para construir sociedad dentro una política general del Estado; su fin no es solo el castigo, sino la rehabilitación del delincuente, y acepta la excepción a la obligatoriedad de penalizar una conducta teniendo en cuenta el mejor interés de la sociedad y la utilidad o conveniencia del ejercicio de la acción punitiva.
En el Cauca no se puede aplicar la ley del Talión, porque como decía Gandhi, si seguimos la ley del ojo por ojo, todos nos quedaremos ciegos. Pero, sobre todo, porque los indígenas también son víctimas que llevan cinco siglos esperando tener justicia y condiciones de vida digna, y para eso, la presencia del Estado debe ir mucho más allá de lo militar.
Mauricio Cabrera G.
Consultor privado
