La propuesta de protección para la vejez que acaba de presentar el Ministro de Trabajo implica un profundo cambio en el debate que desde hace 20 años se viene dando en el país sobre el manejo a las pensiones. Tratando de copiar el modelo chileno, con la Ley 100 de 1993 se creó en el país el régimen de pensiones conocido como Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais), administrado por los fondos privados de pensiones, en el cual el trabajador recibe como pensión solo lo que ha podido ahorrar cotizando a los fondos durante su vida laboral.
Sin embargo, a diferencia de Chile, aquí no se eliminó el otro régimen, sino que se mantuvo un sistema mixto, pues siguió existiendo el llamado Régimen de Prima Media con prestación definida (RPM), administrado hoy por Colpensiones y antes por el ISS.
En este régimen, el trabajador recibe como pensión un porcentaje de su salario, que puede llegar hasta el 80 por ciento de su salario si ha cotizado durante 1.300 semanas. A lo largo de estos 20 años, el debate sobre el sistema de pensiones en Colombia se ha centrado casi exclusivamente en la sostenibilidad del RPM y su costo fiscal.
Los más radicales han buscado todo este tiempo que se acabe el RPM y que el Estado les deje todo el manejo de las pensiones a los fondos privados, copiando en su integridad el modelo chileno, sin tener en cuenta que en ese país el sistema privado no logró todo lo que había prometido, y que en el 2008 el Gobierno de Bachelet hizo una reforma que reforzó el papel del Estado en este campo.
La sostenibilidad fiscal del sistema pensional es un problema real que debe ser resuelto, pero concentrar el debate solo en ese aspecto tiene un claro sesgo neoliberal que deja de lado otros graves problemas de las pensiones en Colombia, tales como el bajísimo número de colombianos que pueden acceder a una pensión, y la inequitativa distribución de los recursos públicos destinados para ese fin.
Por el contrario, la propuesta del Mintrabajo tiene una clara orientación social-demócrata, puesto que, sin descuidar el tema de la sostenibilidad, plantea otros dos objetivos que son de la esencia misma del Estado Social de Derecho: la cobertura universal y la equidad.
Se trata de crear un sistema de pensiones en el que todos los trabajadores, además de tener un trabajo decente en condiciones formales, cuenten con un ingreso justo para su vejez mediante una pensión o un apoyo del Estado.
Para ello propone tres pilares: el primero, de subsidios directos a la gran mayoría de colombianos que por ser desempleados o trabajadores informales no tiene cómo ahorrar para su pensión; el segundo, en que el Estado les garantiza una pensión de salario mínimo a todos los trabajadores que pueden cotizar, y el tercero, de ahorro privado para los de ingresos altos.
La propuesta tiene muchos aspectos discutibles, como por ejemplo: ¿el límite del segundo pilar no deberían ser 2 o 3 salarios mínimos?, ¿cómo hacer para que el aumento de la cobertura no lo paguen las clases medias, sino los más pudientes?, ¿los maestros no tiene derecho a un tratamiento especial como el que tienen los jueces y los militares?
Son debates necesarios que se deben hacer para mejorar la propuesta, pero lo importante es que ya se cambió el foco de la discusión: ya el tema no es la edad de jubilación o el número de semanas cotizadas, sino cómo lograr que todos los colombianos tengan protección para su vejez.
Mauricio Cabrera G.
Consultor privado
