En la propuesta presentada por al bancada del gobierno para reformar el Congreso, bajando los salarios y disminuyendo las vacaciones, no se tocó uno de los rubros más costosos e inútiles del funcionamiento del Congreso: las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL) de los congresistas, que deben ser eliminadas.
Las UTL son empleados al servicio personal de cada congresista, que puede nombrar a las personas que quiera sin cumplir ningún requisito, para lo cual dispone de un presupuesto de $50 millones mensuales. El costo de las 296 UTL autorizadas, incluyendo los gastos de oficinas, servicios, etc. es de cerca de $200.000 millones al año.
Tan exorbitante costo no es la única crítica a las UTL. Aunque es valido el propósito de que los congresistas tengan una asesoría técnica, es claro que no la necesitan los numerosos parlamentarios que casi no participan en los debates ni nunca presentan un proyecto de ley. Por el contrario son muchos los casos -con valiosas excepciones- en que esa plata la usan para el pago de favores políticos o para tener activistas que les cultiven los votos en sus feudos electorales.
Una verdadera reforma del Congreso debe incluir un cambio total a las UTL.
El año pasado los representantes Gabriel Santos y Juan Fernando Reyes Kuri presentaron un proyecto de Ley Orgánica que buscaba reducir de 50 a 30 salarios mínimos el presupuesto a disposición de cada congresista para su UTL.
Reducir el costo no es suficiente ni garantiza que mejore la necesaria asesoría a los congresistas. Lo que se necesita es acabar las UTL personales para crear equipos de asesoría de alto nivel para las bancadas de los partidos políticos. Por supuesto el tamaño de estos equipos debe ser proporcional al número de congresistas del partido, y a cada congresista se le asignaría un presupuesto mucho más reducido (unos 10 salarios mínimos) para que tenga unos asistentes administrativos que le ayuden en la logística de sus funciones.
El objetivo de la propuesta es que cada partido político tenga un grupo de asesores en materias económicas, jurídicas, políticas y sociales, que sea un verdadero ‘tanque de pensamiento’ en el que se elaboren las plataformas programáticas de los partidos y se preparen o discutan los proyectos de ley. Así cada partido podría tener una posición bien sustentada sobre temas como las reformas política, tributaria, de pensiones o salud, para no mencionar sino unos pocos ejemplos.
Se puede argumentar que este esquema requiere que haya partidos políticos organizados. Es cierto, y el ideal es que la reforma a las UTL fuera de la mano con la eliminación del voto preferente en las elecciones a cuerpos colegiados. Sin embargo también es cierto que la creación de UTL de partidos es un mecanismo que contribuye al fortalecimiento de los mismos partidos, con la ventaja adicional que es una reforma que podría tener vigencia desde el año entrante, mientras que la eliminación de voto preferente solo aplicaría en 2022.
MAURICIO CABRERA GALVIS
Consultor privado
