La decisión de una jueza de condenar a 51 años y 8 meses de prisión a Rafael Uribe Noguera por el secuestro, violación y asesinato de Yuliana Samboni ha generado gran indignación. Muchos colombianos esperaban que la sentencia hubiera llegado al máximo de 60 años que prevé nuestra legislación para un caso como este, y otros han incluso vuelto a agitar la bandera de la necesidad de la cadena perpetua en el país.

Esa inconformidad es consistente con la magnitud de las atrocidades cometidas por Uribe Noguera, así como con la magnitud de la tragedia de una niña de escasos recursos cuya familia huyó de la violencia rural para encontrar un destino fatal en Bogotá. Pero por más comprensible que sea la indignación que produjo el fallo, vale la pena hacer un par de observaciones al respecto.

Empecemos por consideraciones jurídicas que limitan los alcances de una decisión como esta. El hecho de que Uribe Noguera no tuviera antecedentes fue tenido en cuenta por la jueza para no darle la pena máxima. Además, la legislación colombiana supone que uno de los objetivos fundamentales de una condena es buscar la resocialización del criminal, lo que de por sí aminora la probabilidad de la aplicación de condenas extremas.

Claro que este principio de la legislación penal colombiana es polémico. Además de las dudas que genera el potencial resocializador de las cárceles nacionales, con niveles de sobrepoblación y hacinamiento que superan el 50 por ciento, muchos afirman que un abusador sexual no se puede regenerar. Sin embargo, la discusión académica al respecto no es concluyente. Por ejemplo, una revisión de la literatura sobre el tema (‘Prediciendo la recaída: un meta-análisis de los estudios sobre reincidencia de los abusadores sexuales’ de Karl Hanson, http://bit.ly/2nogNgO) señala que menos de 20 por ciento de los abusadores reinciden, cifra que puede caer a 10 por ciento si reciben un tratamiento adecuado. Aunque estudios como éste pueden ser objeto de muchas críticas, al menos dejan en claro que el debate de la resocialización está abierto.

Pero hay otro aspecto de la indignación nacional que me ha llamado mucho la atención: nadie dice nada sobre las circunstancias sociales y culturales en las que se dan delitos aberrantes como este. Los casos de abuso infantil, que llegan a la escalofriante cifra de 40 denuncias diarias en el país, son parte de un problema mucho mayor: la violencia sexual es un mal endémico en Colombia y hace parte de nuestra cultura.

Desde el vallenato hasta el reguetón, pasando por las telenovelas, el cine y la cotidianidad permeada por la cultura traqueta, nuestro imaginario colectivo exalta el prototipo del macho movido por instintos primarios que objetualiza a quien se le ponga por delante para satisfacer sus deseos sexuales.

Mientras oigo la letra de la canción Cuatro babys (http://bit.ly/2hdLENI), del popular Maluma, pienso que mientras no hagamos nada para cambiar el entorno cultural que propicia la violencia sexual en Colombia, la imposición de grandes condenas en casos aislados no servirá de nada.

Mauricio Reina
Investigador Asociado de Fedesarrollo