Pocas cosas son tan ciertas como aquel adagio que dice que el camino hacia el infierno está sembrado de buenas intenciones. Ese es el caso del proyecto de ley que busca hacer borrón y cuenta nueva para los deudores morosos que han sido reportados a las centrales de riesgo. El proyecto ya lleva dos debates en el Senado y debería surtir sendos debates en la Cámara para convertirse en una Ley Estatutaria que les representaría una amnistía a quienes han sido reportados por colgarse con sus obligaciones, pero a la vez les asestaría un golpe fatal a todos los deudores del país.
Empecemos por las buenas intenciones. Los defensores del proyecto argumentan que se trata de ayudarles a los que se han colgado en sus pagos y han terminado reportados en las centrales de riesgo, viendo restringidas sus posibilidades de ser sujetos de crédito. La iniciativa incluye varias gabelas que, aparentemente, los ayudarían a salir de esa situación. Entre ellas sobresale una especie de amnistía que haría que quienes paguen sus obligaciones en un plazo determinado, posterior a la promulgación de la ley, deberían ser borrados de las centrales de riesgo, y que además implicaría que quienes se cuelguen con obligaciones de bajo monto ni siquiera deban ser reportados.
Esas propuestas suenan atractivas para muchos deudores del país. A los morosos les da la oportunidad de salir de las listas y de pasar por debajo del radar de las centrales si adeudan bajos montos, mientras que al resto les afloja el cinturón de la responsabilidad al reducir los desincentivos de quedar en mora. Entre los miles de deudores morosos que hay en el país, muchos cayeron en esa condición de manera involuntaria y han visto restringida su capacidad de salir adelante por haber quedado por fuera temporalmente del sistema financiero formal. Esos son los que ven con mejores ojos la iniciativa y agradecen a sus promotores.
Sin embargo, este proyecto tendría un efecto totalmente opuesto, en caso de convertirse en ley: excluiría del sistema formal a decenas de miles de colombianos que hoy acceden a este, tanto morosos como no morosos, conllevaría una elevación de las tasas de interés e implicaría una caída de los montos totales de crédito. La razón es simple: en el otorgamiento de un crédito se presenta lo que la teoría identifica como un caso de información asimétrica, donde una de las partes tiene menos información que la otra acerca de las condiciones que rodean una operación. En pocas palabras, en un préstamo la entidad financiera sabe menos de la capacidad de pago de quien lo solicita que él mismo.
La literatura económica y financiera advierte que cuando se da un caso de información asimétrica se presentan dos problemas: el riesgo moral y la selección adversa. Al no tener información suficiente sobre la capacidad de pago, la entidad financiera puede terminar tomando decisiones que no son óptimas, otorgando un préstamo a quien de antemano se sabría que no podría pagarlo si hubiera existido información suficiente.
Eso no solo constituye un problema para la entidad financiera, sino sobre todo para quien quiere tomar el crédito. La existencia de buena información sobre su historia crediticia permite a las personas contar con una garantía de reputación que sustituye la necesidad de presentar garantías físicas a la hora de solicitar un préstamo. La experiencia colombiana muestra que quienes más hacen uso de esta garantía reputacional son los deudores de estratos más bajos, que son los que menos garantías físicas tienen, y son justamente ellos los que se verían más perjudicados con un proyecto como este al ver borrado de un plumazo su principal recurso a la hora de pedir un crédito: la información sobre su comportamiento financiero relativo al de otros agentes económicos.
Pero los problemas no solo se presentan para las partes involucradas en un préstamo, sino que afectan a toda la economía. Es bien sabida la importancia que tiene para un sistema económico la existencia de un aparato financiero eficiente, en la medida en que permite canalizar recursos de los ahorradores hacia los inversionistas. ¿Y de qué depende el buen funcionamiento del sistema financiero? De muchas cosas, entre ellas de contar con un buen sistema de información. De hecho, el Banco Mundial ha calificado la recolección y revelación de la información crediticia de los agentes económicos como una actividad de interés público, por el impacto positivo que tiene en el crecimiento económico.
La falta de información confiable sobre la historia crediticia (buena o mala) de quienes solicitan préstamos conlleva para las entidades financieras el peligro de asignarlos a proyectos riesgosos o que no tienen la rentabilidad requerida. Tarde o temprano esa situación lleva a las entidades a curarse en salud, elevando sus tasas de interés para cubrirse frente al mayor riesgo y/o rechazando solicitudes que no sean claramente idóneas, lo que termina encareciendo y limitando el crédito.
Este es, entonces, el camino hacia el infierno: un proyecto de ley que con el pretexto de facilitarles el acceso al crédito a muchos colombianos, termina excluyéndolos del sistema financiero formal y empujándolos al gota a gota, a la vez que eleva las tasas de interés y restringe la financiación de toda la economía. Difícil encontrar una tormenta peor. Ojalá los parlamentarios responsables de dar curso a este desatino tengan un instante de lucidez y logren atajarlo a tiempo.
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