El 2023 será un año muy complejo. El entorno nacional e internacional está muy inestable.
Hay elementos que siguen amenazantes como el rebrote del covid en China o la evolución del conflicto entre Rusia y Ucrania.
La tensión política es intensa en nuestra región, pero también en Estados Unidos y en Europa.
En lo doméstico, el Gobierno quiere que el primer semestre sea el arranque de las grandes reformas sociales.
Pensiones y salud reciben la máxima atención, pero la reforma laboral también puede tener amplias repercusiones.
Hasta el momento la estrategia del Ejecutivo ha sido la de soltar frases y comentarios deshilvanados sobre el enfoque que el Gobierno quiere darles a los proyectos de ley.
La difusión parcial de lo que podrían ser los articulados tiene una enorme ventaja, pues permite medir la reacción que suscitan en los expertos y la opinión pública.
Además, sirve para calibrar los contraargumentos y preparar los debates legislativos.
Pero para la economía, y en especial para la inversión, el resultado de estos anuncios parciales no es bueno.
Generan una enorme incertidumbre y tensión entre los interesados y afectados por los proyectos.
El sector salud, el de pensiones, el financiero, los aseguradores, la bolsa de valores, por no mencionar sino los principales, están en máxima alerta y a la expectativa de la publicación de los textos iniciales.
A ello hay que añadir el tema de la reforma laboral que genera nerviosismo en todos los sectores empresariales formales.
La toma de decisiones empresariales en un entorno de este tipo tiende a la parálisis.
Mientras no se tenga mayor claridad sobre el enfoque y se pueda medir la posibilidad de que sean aprobadas por el Congreso, ninguna decisión ni proyecto importante avanzará.
Es de esperar que la discusión de estos temas tan sensibles sea intensa y polarizada. Los consensos no serán fáciles de obtener y las bancadas jugarán su papel político a plenitud.
Para el Gobierno será un momento de verdad pues el debate se adelantará a pocos meses de distancia de las elecciones territoriales.
Se mezclarán entonces temas nacionales con los intereses regionales de los parlamentarios lo que sin duda hará aún más difícil el trámite legislativo.
La cohesión de la mayoría se pondrá a prueba y el manejo de comisiones y plenarias será agitado.
Estos debates serán una gran prueba de fuego para nuestra democracia.
Podremos valorar si el espíritu democrático que el Gobierno se precia de practicar sobrevive a la tentación de imponer las reformas a martillazos.
Ese sería el peor escenario pues las consecuencias sobre la economía serían desastrosas.
El consenso no será nada fácil de construir, pero, hay que hacer el mejor esfuerzo posible.
Coletilla: no es serio afirmar que lo primero que hay que hacer con el nuevo Ministerio de la Igualdad es reestructurarlo.
Miguel Gómez Martínez
Político
