El gobierno de Iván Duque ha enfrentado con habilidad la crisis del sistema universitario público. En lugar de los acuerdos de la era santista, que se sabía que era imposible cumplir, decidió desmontar el argumento de la ausencia de recursos presupuestales para poder concentrarse en los verdaderos problemas del modelo actual.
El paquete de medidas es muy sustancial. Durante el cuatrienio de Duque, la transferencias de la Nación para funcionamiento crecerán 3 puntos del IPC el año próximo y 4 puntos de la inflación registrada para el periodo 2020-2022. Para inversión habrá recursos adicionales por 1,2 billones en los próximos cuatro años. Departamentos y municipios también reforzarán en los próximo dos años, con un billón adicional de recursos territoriales, los faltantes de inversión. A ello se suman los presupuestos de Generación E, que implica aportes por 3,6 billones que beneficiarán a 336 mil estudiantes. Y hay otras partidas menores, pero no despreciables, que se suman.
Pero ahora es necesario enfrentar los problemas de fondo, que son muchos. Hay un ambiente de mediocridad que se ha instalado en las universidades oficiales. El exceso de ideología obsoleta hace imposible la selección de docentes y alumnos. Sin selección, el estatuto docente se ha convertido en un mero fuero sindical que protege a quienes poco contribuyen con investigaciones de calidad. Sin selección, los estudiantes superan los semestres sin cumplir con los objetivos de aprendizaje. Al final, el resultado no puede ser diferente: títulos sin empleabilidad y frustración de quienes han aspirado a salir adelante obteniendo una mayor calificación.
Hay que liberar la universidad de las sanguijuelas que drenan sus recursos con el argumento facilista de que no hay recursos para la educación porque al capitalismo le conviene un pueblo inculto. La educación recibe la mayor porción del presupuesto nacional, pero sus resultados son muy poco satisfactorios, como lo evalúan las pruebas Pisa que miden el desempeño obtenido por estudiantes de más de 70 países. Colombia sale muy mal calificada, lo que ratifica que la evaluación de gestión de los presupuestos asignados al sector educativo no es nada buena.
La universidad, presentada en los medios como la solución a todo lo que está mal en esta sociedad, es en realidad un gran problema. Poquísimos son los aportes de las universidades –públicas y privadas– a los grandes desafíos del país en materia de productividad, competitividad y equidad. La calidad y relevancia de la investigación adelantada es cada día menos significativa. Claro, faltan recursos, pero también gerencia, evaluación de resultados, selección y vocación de excelencia.
La universidad predica, pero no aplica. El Estatuto Docente promueve la mediocridad de los profesores, la obsesión por la normal deserción académica ha resultado en estudiantes que superan los semestres sin tener la calidad mínima necesaria, y la politiquería en los consejos universitarios trajo la inevitable corrupción en la contratación. Hay que liberar a la universidad pública del exceso de ideología que produce estudiantes siempre quejumbrosos y que adolecen de espíritu constructivo.
Es hora de que digamos la verdad sobre la universidad pública. Hubo, sin duda, abandono por parte del Estado en los últimos años. Pero hay demasiadas deficiencias internas que es necesario corregir con disciplina interna y gestión por resultados. De lo contrario no habrá nunca recursos que alcancen.
Miguel Gómez Martínez
Asesor económico y empresarial
migomahu@hotmail.com
