Soy capaz de decir lo que pienso sobre el proceso de paz y de sus implicaciones económicas.
Llegó la hora de mirar el tema sin los lentes color de rosa que el Gobierno insiste en no quitarse. En su afán protagónico, se está dispuesto a aceptar principios como el de equiparar a los guerrilleros con cualquier otro ciudadano que nunca alzó sus armas contra la República, ni comerció con drogas, reclutó menores o secuestró inocentes. El Tribunal que se acaba de acordar no solo juzgará a los principales cabecillas de la Farc, sino que también lo hará con empresarios, banqueros, militares, políticos, periodistas, líderes gremiales y todos aquellos que sean sospechosos por haber colaborado directa o indirectamente con grupos paramilitares. Los 20 jueces, de los cuales una cuarta parte serán extranjeros, podrán imponer condenas de 5 a 8 años. Quienes no se sometan a esta nueva jurisdicción pueden ser condenados por la justicia ordinaria a 20 años de prisión.
¿Quiénes son los ‘máximos responsables’ del conflicto por parte de la sociedad civil? Pues todos aquellos que con su actuar se opusieron a las Farc y, por lo tanto, estimularon el conflicto. Si entramos en esta lógica, todos los expresidentes, los ministros de Defensa, los comandantes de Fuerza y de la Policía Nacional, los gobernadores y los alcaldes de las zonas rojas, los empresarios, banqueros, comerciantes que fueron objeto de extorsión por parte de los paramilitares, y pagaron su cuota, los agricultores que hicieron lo mismo, los líderes de los gremios, los periodistas que se opusieron a las Farc y respaldaron el esfuerzo militar, los jueces que condenaron a los cabecillas de la guerrilla, y la lista puede ser infinita. Da miedo lo que este Tribunal puede implicar para una sociedad, que, por medio de su Gobierno, entró en una negociación para terminar una guerra contra terroristas y se encontrará señalada como culpable de su resistencia.
Todos sabíamos que existía un riesgo mayor de que los guerrilleros tuvieran una amplia impunidad. Pero lo que no imaginábamos era que serían sometidos a juicio los que lucharon contra la guerrilla como si ellos fueran culpables. Eso fue lo que se firmó la semana pasada en La Habana entre sonrisas y aplausos de ‘Timochenko’, Raúl Castro, políticos enmermelados y ONG hambrientas. Nada más, pero nada menos.
Ya sabemos que este circo habanero concluirá el 21 de marzo de año próximo con la firma del acuerdo final. Mientras tanto, el Gobierno apurará en el ‘congresito’ una serie de normas para cumplir lo pactado y evitar, a toda costa, que haya un debate de fondo sobre la racionalidad y viabilidad de los cambios planteados. Llegó la hora de que el país exija claridad sobre el costo del proceso, de cómo será financiado y por quiénes. Está claro que las Farc no pondrán un peso para la reparación ni para implementar los cambios acordados. Todo el peso fiscal recaerá sobre los sectores productivos que han financiado la guerra y que ahora pagarán por la paz. Soy capaz de afirmar que sobre los costos de esta paz no hay ningún estudio serio. Pero estoy seguro de que vendrá una cascada de impuestos a las empresas y trabajadores, con el trillado argumento de que la paz es la mejor inversión para el país, y que los ríos de miel nos inundarán en el futuro.
Miguel Gómez Martínez
Asesor económico y empresarial
migomahu@hotmail.com
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