A los economistas nos encantan las cifras. Aquello que no podemos cuantificar nos produce desconfianza e incomodidad. Las cifras expresadas en estadísticas, en las cuentas nacionales, en tendencias, proyecciones y regresiones son material apasionante que nutre nuestros análisis y decisiones.
Pero los guarismos pueden también ser horribles. Según el Programa Presidencial para la Acción Integral contra las Minas Antipersonal, “en el periodo 1990-marzo del 2014, se registraron un total de 10.682 víctimas por minas. De estas, el 39% (4.134) son civiles y 61% (6.548) miembros de la Fuerza Pública. Entre enero y marzo del 2014, se registraron un total de 58 víctimas, 14 civiles y 44 militares. Del total de víctimas reportadas en el periodo 1990-marzo del 2014, el 80% (8.515) resultó herida y el 20% (2.167) murió. De los 4.134 afectados civiles, 3.341 (81%) resultaron heridos y 793 (19%) murieron. De los 6.548 miembros de la Fuerza Pública afectados, 5.174 (79%) quedaron heridos y 1.374 (21%) fallecieron. Entre enero y marzo del 2014, 10 civiles y 38 miembros de la Fuerza Pública quedaron heridos; y 4 civiles y 6 miembros de la Fuerza Pública murieron”.
Las Fuerzas Militares estiman que una mina antipersonal cuesta 4.000 pesos (2 dólares). Retirarla, cuando no ha estallado, cuesta 2,9 millones de pesos (1.500 dólares). Pero cuando ha sido activada involuntariamente por un soldado o un niño, el daño es incuantificable. Puede producir la muerte instantánea. Pero en la mayoría de los casos, genera una horrible desmembración, por lo general, en las extremidades inferiores que reciben la carga explosiva.
Estas impresionantes cifras son una de las dolorosísimas caras de nuestro conflicto. De las cerca de 10.700 víctimas de estos artefactos, el 80 por ciento sobrevive y queda con graves secuelas. Por 2 dólares se puede matar o destruir a un ser humano que queda lisiado de por vida. Los costos económicos asociados son enormes, pues la mayoría de los heridos son personas jóvenes cuyo proceso de recuperación es lento, doloroso y nunca culmina. Además, habría que contabilizar la pérdida de productividad para las personas y sus familias. Y están los infinitos costos sicológicos de quien ve su futuro destruido en una fracción de segundo. En este país, con un sistema de salud en crisis estructural, muchos de estos heridos quedan sin protección social y condenados a la pobreza.
La Convención de Ottawa, que entró en vigor en 1999, prohíbe la producción, uso, almacenamiento y transferencia de este tipo de armas. El Estado colombiano cumplió y retiró aquellas que se encontraban cerca de instalaciones militares o infraestructuras estratégicas. En cambio, la guerrilla sigue sembrándolas por miles en todo el territorio nacional. Antioquia, Meta, Caquetá y Arauca son las zonas más afectadas. El uso de estos artefactos es una clara violación de las normas internacionales. Pero del tema no se habla en La Habana. De estas armas ilegales y de sus miles de víctimas hemos optado por hacerlas invisibles para no incomodar a quienes nunca se han arrepentido de uso.
Estas cifras son horribles. Pero más horrible es cerrar los ojos frente a los culpables de esta atrocidad.
Miguel Gómez Martínez
Profesor del Cesa
Representante@miguelgomezmartinez.com
