En recientes declaraciones, el director de la Dian, Juan Ricardo Ortega afirmó que un colombiano con un patrimonio de $300 millones e ingresos mensuales netos de $4 millones es considerado como rico. La cifra confirma la pobreza comparativa de nuestro país.
Si una persona que gana el equivalente de US$2.200 mensuales es un rico, estamos mal. Dado el costo de vida en Colombia, bienes como la vivienda, servicios públicos, salud, educación superior, peajes, créditos, seguros, gasolina, tienen precios muy elevados en términos relativos inclusive con respecto a economías más desarrollas.
Le revaluación de nuestra moneda hace que cada día el país sea aún más costoso expresado en dólares.
Los extranjeros que visitan a Colombia confirman que hoteles, restaurantes y compras son hoy mucho más costosos que hace unos años. Nuestros empresarios han perdido competitividad internacional, lo que ratifica que nuestra estructura interna de costos es elevada.
Todo lo anterior, para ratificar que los $4 millones pueden catalogar estadísticamente a una persona como privilegiada, pero no significa que su nivel y calidad de vida sea elevado.
También resultan impresionantes las cifras sobre concentración de la carga tributaria. Los demagogos siempre están prestos a reclamar que los ricos paguen más impuestos. En el Congreso hay largos discursos para justificar nuevos tributos, tasas y contribuciones. Se escuchan las trilladas frases sobre la justicia social y la necesidad de mayor equidad.
Pero según la Dian, sólo 2.850 empresas contribuyen con el 80% del recaudo del impuesto de renta. Queda claro que en Colombia los ricos y los empresarios sí pagan impuestos; aún más, son casi los únicos que lo hacen.
El país sigue sin querer enfrentar el tema tributario. La estructura fiscal es absurda, con un número interminable de exenciones, deducciones y devoluciones.
La complejidad de nuestro Código fomenta la evasión y la elusión. La capacidad de fiscalización, aunque ha mejorado de forma gradual, tiene aún graves deficiencias, como lo confirman los recientes escándalos donde verdaderas mafias internas permitieron desfalcos billonarios.
La reforma tributaria, que es un asunto urgente para esta economía, se convirtió en un tema intocable. Los empresarios, que sufren los aspectos negativos del Código Tributario, también se benefician de las troneras existentes.
Prefieren no abrir el tema para no correr riesgos con lo que tienen. El Gobierno tiene miedo de plantear la reforma, pues teme que en el Congreso sea presa de los intereses gremiales.
Mientras tanto, el tema fiscal es el mayor talón de Aquiles de la economía y amenaza el crecimiento en el mediano plazo.
El Gobierno cuenta con la mayor coalición parlamentaria de la historia reciente. Tiene un margen de maniobra legislativo aplastante. Para enfrentar temas difíciles como la reforma tributaria es que debe ser útil la Unidad Nacional. El capital y el prestigio político del Gobierno es para gastárselo en temas estratégicos como el fiscal.
