A los que creemos que el Estado debe ser pequeño, eficiente y austero, nos parece que en el sector público deberían implementarse fórmulas que funcionan bien en el ramo privado. Existen muchas ideas que mejorarían los resultados de las políticas públicas, elevarían el respeto por los funcionarios y reducirían los niveles actuales de corrupción.
Lo primero que sería necesario es recuperar la función de planeación. Durante años, en momentos en los que el país era mucho más pobre, el DNP cumplía su papel definiendo prioridades y asignando la ejecución de los recursos presupuestales que habían sido aprobados por el Congreso. Sus documentos de estudio eran referencias académicas obligadas, pues formar parte de la entidad era un privilegio y un honor. Hoy, el papel de esta entidad estratégica se ha desdibujado convirtiéndose en un auxiliar en el reparto y aprobación de partidas para aceitar a nivel territorial el gasto público en inversión. En las compañías, la planeación es cada vez más importante, ya que es la única forma de garantizar resultados.
Fundamental para un Estado eficiente es que sus empleados se sientan estimulados por su buen trabajo. En el sector privado se reconoce lo importante que es atraer talento y promover un buen clima laboral. En el ramo público esto no es prioritario. En lugar de buscar fórmulas que permitan premiar las áreas que cumplen los objetivos trazados por las políticas públicas, las entidades se han llenado de asesores externos que devoran el presupuesto sin tener ningún compromiso institucional.
Cuando su padrino político cumple su ciclo, su grupo de consultores desaparece dejando un problema mayor. Un esquema de estímulos salariales por productividad es deseable para que el funcionario recupere su prestigio y encuentre el deseo de ser servidor público en el sentido integral de la palabra. Ni la función pública ni la Escuela Superior de Administración Pública proponen nada en esta materia.
A pesar de los graves problemas de financiamiento presupuestal, es impresionante el despilfarro de los entes públicos. Basta asistir a cualquier dependencia pública para apreciar el contraste, el derroche de gasto en papelería, asistentes inoficiosos, publicaciones inservibles, choferes, automóviles, fotocopias, oficinas de comunicaciones, jefes de protocolo, seguridad y la ausencia de buenas redes de sistemas, eficientes servicios por internet, dignas instalaciones para funcionarios y ciudadanos. Mucho se podría hacer, como sucede en las empresas, recortando gastos y asignando los excedentes a funciones esenciales del servicio público.
Pero en lugar de adecuar buenas prácticas empresariales al funcionamiento del Estado, lo que hacemos es copiar los malos ejemplos del sector privado e implementarlos en el gobierno. Abundan los casos. Basta ver las comitivas con las que viajan los altos funcionarios a cualquier misión en el país o en el extranjero. ¿Cuántos de estos viajes podrían ahorrarse con la inversión de un buen sistema de teleconferencia? ¿Cuántos foros insulsos, cuántas conferencias en Cartagena, cuánta publicidad innecesaria y ególatra podríamos ahorrarnos? Buen ejemplo de este despilfarro es la impresentable compra, en medio de la crisis fiscal, de un nuevo avión para movilizar a los altos funcionarios y sus familias.
Queremos un Estado que asimile las buenas prácticas empresariales, no las malas.
Miguel Gómez Martínez
Profesor del Cesa
migomahu@hotmail.com
