El comportamiento de la deuda bruta colombiana merece atención. Al cierre del 2017 ascendió a 412 billones de pesos, con un incremento del 8,8 por ciento con respecto al 2016, lo que equivale a 32 billones adicionales en compromisos con prestamistas nacionales e internacionales.
Las obligaciones del país representan, según el informe del Ministerio de Hacienda (Portafolio, edición del 24 de enero del 2018) el 45 por ciento del PIB.
La deuda debe ser analizada desde diferentes puntos de vista. El primero de ellos es su tendencia. Según el Banco de la República, hace cinco años representaba el 22 por ciento del PIB lo que resulta a todas luces inquietante. La expansión de los compromisos crediticios no resultaría tan grave si la economía estuviese en expansión.
Tampoco se puede perder de vista la perspectiva futura. En un interesante informe publicado por Fedesarrollo se advierte que el proceso de paz no traerá, como anunciado en reiteradas oportunidades por el Gobierno, un aumento significativo del ritmo de crecimiento de la economía. En lugar del prometido 1 o 2 por ciento de expansión marginal, los nuevos cálculos rondan un modesto 0,3 por ciento de incremento adicional.
En cambio, el mismo estudio concluye que los gastos adicionales que debemos asumir por los compromisos adquiridos en La Habana ascenderían a 130 billones de pesos en el curso de los próximos 10 años.
Esta cifra, reconoce el mismo estudio, podría ser superior a lo presupuestado, pues todavía existen incógnitas sobre el costo estimado de varios de los puntos del acuerdo. El “dividendo por la paz” ha resultado muy inferior a las expectativas anunciadas.
La conclusión del informe y de las proyecciones del Departamento Nacional de Planeación es que serían necesarias nuevas reformas tributarias para atender los gastos de la paz. Existe un consenso en el sentido de que la estructura impositiva es uno de los mayores frenos a la competitividad y rentabilidad nacional. Seguir aumentando los tributos cuando en Estados Unidos se rebajan las tasas es un suicidio para una economía como la colombiana que requiere atraer flujos considerables y crecientes de inversión extranjera.
Sin margen para aumentar los impuestos, solo existen dos alternativas: aumentar la deuda o incrementar la eficiencia del gasto. La primera, dada la evolución actual del saldo, sería irresponsable, pues el ciclo de crecimiento lento no permite reducir, de forma gradual, el peso de la deuda.
El camino correcto es repensar el tamaño del Estado que estamos dispuestos y en capacidad de financiar. Ello implica una voluntad sincera de reducir su ámbito de intervención, un agresivo programa de venta de activos improductivos del sector público y una verdadera política de austeridad de largo aliento.
Sería indispensable que la gerencia pública se guiara con indicadores de eficiencia económica para tapar los torrentes de despilfarro que hoy se observan en cientos de entidades oficiales.
Y hay que cerrar las venas de la corrupción que la Procuraduría General de la Nación estimó, en el 2017, ascendían a 23 billones de pesos anuales.
El país ha construido un merecido prestigio internacional por el manejo responsable de su deuda. Cada colombiano debe hoy 10 millones de pesos. Podemos estar comprometiendo nuestro buen nombre si no corregimos el rumbo.
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