Siempre es más fácil gastar el dinero que producirlo. Superada la aprobación de la reforma tributaria, el gobierno ha salido disparado a anunciar todo tipo de medidas de gasto que deberían generar alarmas. Como un nuevo rico luego de ganarse una lotería, se proyectan iniciativas cuyo impacto y sostenibilidad no han sido analizados con detenimiento. Son cuentas alegres.
El gobierno cree que todos los años se va a ganar una lotería y que las reformas tributarias pueden garantizar ingresos indefinidos para todo el cuatrienio.
Ello sería cierto si los ingresos fuesen destinados a generar nuevos ingresos de corto plazo lo cual es rara vez cierto cuando se trata de programas de gasto público. En el mejor de los casos, cuando los impuestos son cuidadosa y transparentemente ejecutados por ejemplo en infraestructura, los beneficios se ven en el mediano o incluso en el largo plazo.
Pero el actual gobierno no está pensando en ese tipo de gasto público. Su obsesión son los subsidios que, por definición, son partidas de uso inmediato que no van a generar retorno necesario para ser sostenibles.
Bajar artificialmente los precios de la energía, del Soat, regalar recursos mensuales a la primera línea, manipular los precios públicos y otras iniciativas que están siendo anunciadas, son medidas que pueden tener un impacto de corto plazo pero que se agotarán por los límites del recaudo tributario.
Si el gobierno desea mantenerlas de forma permanente tendría que buscar nuevos impuestos, desfinanciando otros programas públicos o con emisión de deuda pública.
Es claro que el objetivo del gobierno es fortalecer, con regalos monetarios, su base política para enfrentar las elecciones territoriales. Pero como sucede siempre con los subsidios, lo fácil es crearlos. Nada es más adictivo que un subsidio. Una historia bien diferente es desmontarlos cuando ya no son necesarios o no pueden ser financiados. Todos los gobiernos han enfrentado graves crisis sociales cuando la realidad los obliga a dejar de subsidiar. Los beneficiarios creen que tienen un derecho inobjetable y permanente.
Cada día es más cierto que el problema fiscal de Colombia no es de ingresos. Colombia detenta el récord mundial de reformas tributarias con veinticinco desde la Constitución de 1991, una cada nueva meses y tres por período presidencial. El tema que nunca abordamos es la eficiencia del gasto público.
Es un tabú porque políticos, gobernantes y los economistas se han encargado de cimentar la idea de que todo gasto estatal es por definición bueno y deseable.
Ninguna economía puede ser competitiva cuando sus sectores productivos cada vez pagan más impuestos que se desperdician en burocracia, subsidios ineficientes y corrupción.
A este gobierno no le importa de dónde saldrán los ingresos para sostener sus iniciativas. Tampoco le interesa evaluar la eficiencia del gasto siempre y cuando se pueda etiquetar de ‘social’.
Miguel Gómez Martínez
migomahu@gmail.com
