Miguel Gómez Martínez
Columnista

Menos es más 

El Congreso no le dio al país la reforma que necesitaba. Pero el gobierno tampoco cedió al chantaje que querían imponerle los enmermelados.

Miguel Gómez Martínez
POR:
Miguel Gómez Martínez
diciembre 11 de 2018
2018-12-11 08:02 p.m.
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Algunos creen que el balance legislativo se debe medir por el número de leyes aprobadas. No es la cantidad lo que importa. De hecho, en Colombia hay demasiadas leyes. El Departamento Nacional de Planeación estima que en el país hay 90.000 normas vigentes. Deben sobrar decenas de miles. Hay miles de otras que no se cumplen o que son violadas en total impunidad.

No es cierto que un país sea más desarrollado mientras más leyes tenga. Tampoco es válido que un país es mejor mientras más regulado esté. Ni siquiera es verdad que el mejor legislador es el más leyes saque adelante en una legislatura. En una democracia moderna, el papel fundamental del parlamentario es ejercer el control político y no el de inundar el Diario Oficial con leyes inútiles e innecesarias. Ideal sería que en una legislatura no hubiese sino un muy reducido número de normas legales aprobadas. Eso redundaría en una mayor estabilidad jurídica y permitiría fortalecer los precedentes judiciales.

No es válido afirmar que la sesión legislativa que se cierra en pocos días haya sido un fracaso. No hubo reforma a la justicia porque el Congreso nunca la aprobará, pues está amenazado por las cortes. La reforma propuesta no iba a cambiar nada de fondo. El Poder Judicial no se quiere dejar reformar porque nunca ha sido más poderoso e impune. Los temas de fondo que requiere esta democracia para vencer la impunidad y la corrupción, nunca habrían sido aprobados por un Congreso amedrentado.

El tema de la ley de financiamiento es diferente. Después de las tres nefastas reformas tributarias del gobierno anterior, el margen para seguir subiendo los impuestos es muy limitado. La grave situación de las finanzas públicas requería un medida de fondo que le diera oxígeno al presupuesto, pero que también permitiese recuperar la competitividad que están perdiendo nuestras empresas. Como nunca en nuestra historia reciente, entramos en un frenesí populista que obligó a retirar la idea de extender el IVA a los productos de la canasta familiar. Liberales, conservadores, verdes, amarillos e incluso los centrodemocráticos se opusieron a la propuesta del gobierno. Periodistas, gremios, sindicatos, estudiantes y hasta el gato afirmaron que era una locura y una medida contra los más pobres cuando en realidad gravaba a los más ricos.

El gobierno podía haber hecho aprobar la ley de financiamiento utilizando el procedimiento santista. Bastaba con enviar al Ministro de Hacienda con una chequera y resucitar la mermelada. Podía pedirle al Secretario General de la Presidencia que entregara las entidades públicas al saqueo de los congresistas. Nada de eso sucedió. El Congreso no le dio al gobierno la reforma que necesitaba el país. Pero el gobierno tampoco cedió al chantaje que querían imponerle los enmermelados. Es un precedente muy valioso que puede empezar a cambiar la corrupta relación entre poderes y un inmenso triunfo para el presidente Duque y para la democracia.

Como los congresistas no quisieron aprobar la reforma tributaria estructural, tendrán que aprobar otra muy pronto. Además, deberán enfrentar una política de austeridad, pues lo aprobado no alcanza para cubrir las necesidades proyectadas. El gobierno debe dejar muy en claro de quién es la responsabilidad política de lo acontecido.
En política, muchas veces es cierto aquello de que ‘menos es más’.

Miguel Gómez Martínez
Asesor económico y empresarial
migomahu@hotmail.com

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