Miguel Gómez Martínez

El Estado paralítico

En lugar de perseguir a quienes abusan del poder para fines propios, castigamos al país paralizando proyectos y obras.

Miguel Gómez Martínez
POR:
Miguel Gómez Martínez
enero 30 de 2013
2013-01-30 12:03 a.m.
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Es evidente que la economía se está frenando. Todos los signos concuerdan. Una lenta dinámica del comercio exterior reflejada en menores exportaciones y un repunte de las importaciones.

El deterioro ya perceptible de la cartera bancaria, la baja inflación que traduce el temor de aumentar los precios y ver bajar las ventas, la preocupación del Emisor con el nivel de la tasa de interés, la semiparálisis de la construcción por los problemas con la Alcaldía de Bogotá, la fragilidad de los precios de las materias primas y el debilitamiento de la industria confirman que el año no superará las optimistas predicciones del Gobierno.

Un crecimiento alrededor del 3 por ciento sería satisfactorio en un contexto donde se debilitan varios de los motores de expansión. Todo ello rodeado de un peso cada día más fuerte que penaliza la competitividad y golpea la oferta nacional.

Frente a este panorama preocupante, pero no dramático, el Gobierno podría utilizar instrumentos contracíclicos. En este caso, el gasto público podría dinamizar la demanda nacional para situar el crecimiento por encima del 5 por ciento anual y poder disminuir los niveles de desempleo. Lo lógico sería que, con los enormes rezagos presupuestales acumulados y la baja ejecución de presupuesto general, el Gobierno actuara para contrarrestar el enfriamiento de la economía.

El Gobierno Santos quisiera gastar más, pero no puede. Arrastra con un Estado paralítico que ha ido perdiendo flexibilidad y capacidad de acción. Tal vez el mejor ejemplo sea los programas de reconstrucción en las zonas afectadas por el invierno. Los resultados son decepcionantes y es poco lo que se ha hecho a la fecha. Está el tema de corrupción, que terminó por paralizar la construcción de obras públicas. La llave entre los políticos regionales y locales con los contratistas de obra es un freno a los programas de gasto.

Alcaldías y gobernaciones están más interesadas en favorecer a unos que en adelantar las obras. Están los temores de funcionarios honestos de quedar involucrados en procesos judiciales. La ausencia de justicia favorece a los corruptos y castiga a los pulcros, quienes saben que, en cualquier escenario, deberán responder durante años ante organismos judiciales o de control para explicar las decisiones que tomaron. Este síndrome se traduce en que cualquier procedimiento de contratación es lento, lleno de restricciones, lo que conspira contra la eficiencia del gasto. 

Pero tal vez lo peor es que el Gobierno dirige un Estado que no funciona y no tiene tiempo para gastar. Este es un año preelectoral y en el mes de octubre entrará en vigor la Ley de Garantías Electorales, que prohíbe la contratación durante los 6 meses previos a los comicios con el argumento absurdo de que ello incide en los resultados. En lugar de perseguir a quienes abusan del poder para fines propios, castigamos al país paralizando proyectos y obras mientras los contratistas siguen financiando campañas por doquier. 

Cuando en junio del año próximo sepamos quién será presidente, será demasiado tarde para contrarrestar la caída en el ritmo de la actividad. El Gobierno podría haber reformado este Estado paralítico, pero no quiso. Ahora será víctima de su inacción. 

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