El balance económico del primer año del gobierno Duque muestra una mejoría respecto a la tendencia de los años anteriores. Tiene mucho mérito pues se hace en condiciones de incertidumbre elevadas alimentadas por las tensiones internacionales.
Más cerca de nosotros, la situación en Venezuela, Argentina, México y Brasil no ayuda tampoco. En lo interno, la ley de financiamiento más la oposición radical, hacen mella en el ritmo de crecimiento. Teniendo en cuenta tantos factores adversos, los resultados económicos son favorables.
No puede decirse lo mismo del tema laboral. Sin importar el índice que se consulte, la tendencia es preocupante. Utilizando la medición en trece ciudades y áreas metropolitanas, en el trimestre móvil marzo - mayo 2019, la tasa de desempleo de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 11,5%, lo que significó un aumento de un punto porcentual respecto al mismo trimestre móvil de 2018 (10,5%). La tasa global de participación muestra una caída entre el 0,8% y el 1% en el mismo período. La tasa de ocupación disminuyó 1,3% en el último año. Es cierto que la tendencia al deterioro no es nueva y se observa desde el mismo trimestre del 2016 cuando alcanzó su mínimo de los últimos años en 9,4%.
Pero el tema del mercado laboral se agrava por el proyecto de ley promovido por el Centro Democrático, que busca crear una media prima adicional para fortalecer la capacidad de compra de los trabajadores. Se estima que 5 millones de trabajadores que ganan menos de 3 salarios mínimos recibirán este complemento de ingreso cuyo pago se distribuiría en 2 contados.
El uribismo ha sido partidario de un Estado austero, menos impuestos y de medidas que estimulen la creación de empresas. En ello son coherentes. Pero se dejan contagiar por el populismo que tanto prolifera en la izquierda. Si subir los salarios solucionara el problema de la pobreza podría justificarse una medida de esta naturaleza. El costo del trabajo debe estar relacionado con la productividad de la mano de obra, que no mejora en Colombia por temas complejos como el obsoleto modelo de educación y formación profesional o los pobres niveles de incorporación de tecnologías avanzadas.
El último aumento del salario mínimo para el 2019 (+6%), que fue casi el doble de la inflación registrada en el 2018 (+3,18%), generó reacciones favorables en el mundo sindical, pero era inconveniente para el manejo inflacionario y sobretodo para la creación de puestos de trabajo. No es entonces de extrañar que el deterioro en la cifras de desempleo se siga profundizando.
Aumentar el costo del factor trabajo es inconveniente en un momento en que proliferan tendencias que sustituyen empleos tradicionales por nuevas formas de trabajo que exigen modelos de contratación y remuneración flexibles e innovativos. Hay una legítima preocupación por el impacto en el empleo de la tecnologías que respaldan los nuevos esquemas de producción.
El proyecto de ley presentado por la bancada uribista ha sido apoyado por las demás corrientes políticas. Nadie quiere, de cara a las elecciones territoriales, oponerse a esta iniciativa que resulta popular. Pero es inconveniente y castigará a los desempleados e informales que verán alejarse la posibilidad de tener empleos estables y con prestaciones sociales.
Miguel Gómez Martínez
Asesor económico y empresarial
migomahu@gmail.com