En Davos, delante de la comunidad económica más selecta del mundo, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, le tiró la puerta en las narices al futuro de Colombia al anunciar que el país no dará más contratos de exploración y producción de petróleo.
El impacto de estas declaraciones tendrá necesariamente repercusiones en los flujos de inversión de Colombia y puede reactivar el nerviosismo de los mercados de capitales.
Nadie discute la necesaria transición hacia fuentes de energía de menor impacto. No tiene sentido desconocer que los hidrocarburos deben ir perdiendo importancia en el consumo de energía global.
Nadie puede ignorar la importancia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para frenar las consecuencias del calentamiento global.
Colombia no puede ser ajena a los compromisos ambientales.
Pero es necesario poner las cifras en contexto. Nuestro país es responsable del 0,4 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Somos una de las naciones con una ecuación energética menos contaminante a nivel mundial.
Los grandes responsables del calentamiento global son los Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea.
Ninguno de ellos está tomando decisiones tan drásticas como la anunciada por Colombia.
Lo grave de las declaraciones de la ministra es que, por la obsesión ideológica, se desconoce la realidad de nuestra economía.
Colombia depende de sus exportaciones de petróleo y carbón que hoy representan el 57 por ciento de nuestras ventas al exterior.
Eso sin considerar los aportes de Ecopetrol y las empresas minero-energéticas a los ingresos fiscales de la Nación.
No sobra recordar que el sector petróleo y minería atrajo, en el 2022, el 72 por ciento de la inversión extranjera directa con unos 11.300 millones de dólares.
Es iluso afirmar que el país puede, en los próximos años, substituir esos recursos por fuentes como el turismo o las energías limpias.
Ningún escenario, ni siquiera el más optimista permite prever que podamos, en poco tiempo, remplazar los ingresos que hoy derivamos del carbón y el petróleo.
Negar esa realidad es poner en peligro la estabilidad económica del país.Mientras el gobierno anuncia todo tipo de subsidios para transportadores, motociclistas, agricultores, jóvenes o adultos mayores, cierra la posibilidad de seguir contando con una fuente principal de ingresos para financiar estos programas.
Aumentamos los gastos y debilitamos los ingresos.El anuncio del gobierno es irresponsable pues el aporte de Colombia a la solución de la crisis ambiental del planeta es muy marginal.
En cambio, el daño que se le hace a la estabilidad de la economía, a su potencial de crecimiento y a su viabilidad fiscal es colosal.Coletilla: Leído en Portafolio: “en el 2021 los resultados de los estudiantes de licenciaturas (futuros profesores) fueron inferiores a los de los demás programas”. Así es imposible que la educación nos ayude a progresar.
MIGUEL GÓMEZ MARTÍNEZ
migomahu@gmail.com
