En los últimos dos años se ha discutido mucho la necesidad de hacer una reforma, tanto del sistema tributario como del gasto público. Por lo tanto, una reforma fiscal, como dijo el nuevo presidente.
Sobre los gravámenes, la indiscutible realidad es que en Colombia se paga por este concepto una cantidad baja de los ingresos y del producto social.
El problema es que no se gravan los ingresos de la mayoría de las familias con el argumento de que son pobres.
Si no se grava una porción importante de las familias, el recaudo va a ser bajo con relación al ingreso nacional.
En las democracias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) las tarifas de los impuestos son bajas o cero para el 20 por ciento más pobre, pero el resto de la población paga impuestos según sus posibilidades, aunque con una tarifa tope limitada para no desestimular ni el ahorro ni el emprendimiento, cosa que puede ocurrir con tarifas de impuestos marginales superiores a 50 por ciento en el impuesto de renta o superiores al 20-25 por ciento en IVA.
El sistema de libre mercado genera los incentivos para el ahorro, inversión, innovación, eficiencia y crecimiento económico y creación de empleo; no obstante, al mismo tiempo deja por fuera de la prosperidad a 20 por ciento de las familias.
Las sociedades democráticas han desarrollado instituciones en que el Estado subsidia a las familias en esa situación con gasto social que les da acceso a los derechos económicos básicos.
El resultado es que se garantiza un ingreso digno para los marginados de los beneficios de la eficiencia del mercado, y eso lo financia en diferentes proporciones la mayoría de quienes pagan impuestos.
La fórmula acaba creando una sociedad que paga impuestos altos, mayores al 25 por ciento de los ingresos sociales, y gasto social enfocado hacia las familias más pobres.
Estadísticamente son sociedades que en promedio pagan impuestos del doble de lo que se hace en Colombia, pero con gasto social enfocado en programas que garantizan los derechos fundamentales de todos.
En Colombia esto implica garantizar la educación de alta calidad y la salud básica de todos, la seguridad y una justicia eficiente en todo el territorio.
Todo esto financiado por un sistema tributario simple y generalizado para toda la población en capacidad de pagar impuestos según sus posibilidades reales.
Es clave que el gasto social llegue a la población objetivo y beneficie realmente a los que se debe, y que el proceso no sea ineficiente y se blinde contra la corrupción. Por ejemplo, una evaluación de programas como ‘De cero a siempre’, de cuidado infantil; o ‘Familias en Acción’ cumple con estos criterios. Por otra parte, el programa PAE, de alimentación escolar, no es eficiente y ha sido fuente de corrupción. Ampliar los dos primeros justifica esfuerzo fiscal y el tercero se debe repensar y reformar.
Aquí se ha hablado de los impuestos a las familias y el gasto social que es lo que determina la distribución de ingresos. Se puede también gravar a las empresas, y la tarifa depende de impuestos empresariales en el resto del mundo.
Si los impuestos empresariales son mayores en un país que en sus vecinos, la actividad económica va a migrar a los lugares con mayor favorabilidad, y por eso lo lógico para una nación es tener tarifas de impuestos para las compañías similares a las de otras sociedades para mantener la competividad nacional.
Pero la historia económica comparativa muestra que en el largo plazo tratar de competir para la ubicación empresarial a través de bajos impuestos locales no mejora la atracción a las firmas, pues el bajo gasto publico deteriora otras variables que los empresarios toman en cuenta para decidir donde se establecen.
En el presente, en Colombia es lógico que la reforma fiscal disminuya los impuestos a las corporaciones para mantener la competividad económica en el mercado internacional y aumentar el gasto social financiado con impuestos en beneficio de las familias que no fácilmente logran niveles de ingresos dignos en una economía de libre mercado.
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