Causó bastante sorpresa la afirmación que hizo en el periódico El Tiempo –el pasado 5 de julio– el viceministro de Hacienda, doctor Andrés Escobar, técnico reconocido por su seriedad, en el sentido de que “no estamos contando con los ingresos de la reforma, que, para efectos de cumplir con los requisitos de la regla fiscal (no permite aumentar el déficit) se empieza a necesitar a partir del 2018”.
Digo que causó bastante sorpresa este comentario, pues mil veces se había dicho que la tan cacareada reforma tributaria integral se necesita imperiosamente a partir del primero de enero del 2017. Para lo cual resulta imprescindible tramitarla en el segundo semestre del año en curso, es decir, el 2016.
En buen romance, lo que ahora anuncia el Viceministro es que el producido –el recaudo– de la nueva reforma tributaria solo se necesitará a partir del 2018, para lo cual la presentación y discusión de dicha reforma se podría posponer para el 2017. En otras palabras, que no hay afán. Y que todo se manejará a base de más endeudamiento.
Entonces, cabe preguntar: ¿al fin cuándo es que se tramitará la reforma tributaria? El presidente Santos y el ministro Cárdenas han venido diciendo y machacando en los foros nacionales e internacionales, a los que asisten frecuentemente, que la reforma deberá estar aprobada el 31 de diciembre del 2016, para que pueda entrar a aplicarse a partir del primero de enero del 2017. La declaración del Viceministro de Hacienda abre una posibilidad distinta: que el trámite de la tan anunciada reforma tributaria estructural pueda postergarse, de tal manera que no sea para este año, sino para el siguiente.
Esto hay que clarificárselo al país, a la comunidad internacional, al Congreso, a las agencias de calificación y, en fin, a quienes siguen los vericuetos de la cada vez más oscura y cabalística política fiscal colombiana, cuanto antes. Y sobre todo: hay que explicar por qué, para que las cuentas fiscales cuadren, la reforma no se necesita para el 2017, sino para el 2018.
En el último Marco Fiscal de Mediano Plazo –el documento hacendístico más importante que se presenta en el país cada año– se dice que, en ausencia de nueva reforma tributaria para el 2017, la inversión pública del Gobierno Central se desplomará en 39 por ciento el año entrante. Y por el lado de los fiscos departamentales y municipales las cosas no están mejor.
Un estudio reciente de la Contraloría General de la Nación señala cómo sus regalías para el bienio 20115-2016 se han caído en 3,6 billones de pesos. O sea, a la luz de los datos que se han divulgado hasta la fecha, es evidente, o eso al menos se había creído hasta ahora, que la reforma era un imperativo para el año entrante.
¿Qué ha pasado, entonces? ¿Se está dando cuenta el Gobierno de que es absolutamente imposible no coincidir con los tiempos cronológicos y políticos del plebiscito de la paz, si la reforma tributaria se tramita en el segundo semestre del 2016, y quiere evitarlo? ¿O es que las cuentas fiscales mejoraron milagrosamente de la noche a la mañana, hasta el punto que puede postergar un año el trámite de la reforma tributaria? ¿O el endeudamiento adicional es la pieza de ajuste?
Cualquiera que sea la explicación se debe presentar al país con claridad y transparencia.
Hay que dar a conocer las razones que están llevando al Gobierno a cambiar el tiempo de la reforma tributaria, si tal es el caso. Nada es peor para la credibilidad de una política fiscal que el manejo opaco y cambiante de las cifras y de los anuncios.
Juan Camilo Restrepo
Exministro de Agricultura.
Mauricio Reina
INVESTIGADOR FEDESARROLLO
