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Abogacía de la competencia

Se trata de una función preventiva que procura (ex ante) que el Estado no sea un obstáculo para la libre competencia a través de la regulación.

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enero 17 de 2019
2019-01-17 08:19 p.m.
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La abogacía de la competencia es un instrumento de origen legal, cuyos objetivos principales son el fomento de la cultura de la libre competencia al interior del Estado y el control del ejercicio de la facultad de intervención del gobierno en la economía.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tiene varias funciones en relación con la abogacía de la competencia como herramienta preventiva. De una parte, tiene (i) la función de asesorar al gobierno nacional rindiendo un concepto previo sobre los proyectos de regulación estatal que puedan incidir en la libre competencia; (ii) así mismo, prepara estudios de mercado para identificar fallas en la competencia que sean generadas por la regulación vigente; (iii) promueve la competencia a través de la socialización de normas; (iv) y, verifica los proyectos de regulación para promover y mantener la libre competencia en los mercados.

Si bien el concepto emitido por la SIC en su rol asesor en materia de abogacía de la competencia no es vinculante, la autoridad que lo solicita debe manifestar expresamente en qué basa su decisión de apartarse del mismo, pues la protección de la competencia es de orden constitucional y de interés general, lo que impactará derechos, libertades y obligaciones transversales para el ciudadano, el consumidor y el empresario.

La abogacía de la competencia es una función preventiva que procura (ex ante) que el Estado no sea un obstáculo para la libre competencia a través de la regulación, y en tal virtud podríamos decir que es una herramienta de debida diligencia y compliance que el mismo Estado introdujo, con el fin de no distorsionar la economía de mercado a través de la regulación.

Si bien la función de emitir conceptos en materia de abogacía de la competencia aún no es vinculante, su efecto preventivo y el poder blando derivado de su opinio juris le han dotado de una importancia imprescindible en el análisis de mercados, en los efectos económicos del derecho, pero sobretodo en el equilibrio que debe existir entre la capacidad normativa y sancionatoria del Estado, y los derechos y libertades del ciudadano y el empresario.

Los beneficios para el Estado tanto como para el sector productivo en lo que tiene que ver con la abogacía de la competencia son evidentes, de una parte, el propio Estado se somete al análisis previo para que su regulación no sea un obstáculo para la libre competencia, y el empresariado tiene la certeza de que ese control previo emana del propio Estado. La SIC ha señalado la importancia de que el concepto de abogacía de la competencia además de previo sea obligatorio, es por ello que, con miras al “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, sería deseable que se aprovechen herramientas como estas que garantizan la libre competencia y generan la seguridad jurídica de que el propio Estado se autorregula de manera previa, lo que será transversal para continuar por la senda de la legalidad, la equidad y el emprendimiento.

Se debe tener claro que la pertinencia de autorregulación del Estado no riñe con la obligación que tiene el propio Estado de regular los mercados, es por ello que entre más y mejores herramientas tengamos desde lo público, mejores serán los resultados en la protección del consumidor.

Andrés Barreto González
Superintendente de Industria y Comercio.

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