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Cambios en impuesto al carbono: un riesgo

La propuesta podría poner en jaque la inversión y desarrollo de programas o iniciativas de mitigación de GEI
en Colombia. 

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noviembre 17 de 2022
2022-11-17 12:28 a. m.
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El impuesto nacional al carbono se creó bajo la Ley 1819 de 2016, la cual responde a la necesidad de contar con herramientas económicas encaminadas a incentivar el cumplimiento de las metas de mitigación de gases de efecto invernadero (GEI).

Por su parte, la no causación al impuesto al carbono es un mecanismo que se reglamentó a través del Decreto 926 de 2017, el cual consiste en permitir que no se active el impuesto al carbono a cambio de la compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero que se generarían por la quema de los combustibles fósiles gravados que se venden, importan o consumen, compensación ésta que se genera a través de la adquisición de certificados de reducción de emisiones o remociones de GEI que cumplen con ciertas condiciones. Así, las reducciones de emisiones o remociones de GEI se pueden adquirir en el mercado de carbono en forma de certificados que, cada uno, equivale a una tonelada de GEI reducida. Los certificados se generan por proyectos que se pueden implementar a través de distintos tipo de actividades como forestal, residuos, energía industria, transporte. Ahora, la Reforma Tributaria modifica la actual regulación de la no causación al impuesto al carbono, estableciendo que la no causación no podrá exceder en ningún caso el 50% del impuesto causado. El uso de la certificación de carbono neutro, para la no causación del impuesto al carbono, no podrá volver a ser utilizada para obtener el mismo beneficio en ningún otro tratamiento tributario. Lo anterior no solamente contradice de manera flagrante los mandatos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a quien, a través del Decreto 926 de 2017, se le da un mandato para que establezca la regulación y promueva la implementación de iniciativas de mitigación que generen reducciones de emisiones a cambio de la no causación del impuesto, sino que golpea fuertemente a los mercados de carbono en Colombia como potencia del desarrollo de proyectos o iniciativas de mitigación; pues, evidentemente, la limitación propuesta genera un desincentivo en la adquisición de certificados generados por el desarrollo de proyectos o iniciativas de mitigación.

De ser aprobada tal medida, el Estado entraría en una evidente contradicción, pues por un lado busca establecer medidas para incrementar las reservas de carbono, promover la gestión sostenible de los bosques y la conservación de los mismos con miras a aportar al cumplimiento de metas para mitigar el cambio climático (lo cual se logra a través de la inversión en proyectos de carbono), pero por el otro procura remover a los actores privados que hacen viable el desarrollo de iniciativas o programas de mitigación de GEI, los cuales, se ha demostrado, han contribuido de manera positiva al beneficio de comunidades étnicas y a evitar la deforestación, que es uno de los compromisos de Colombia bajo el Acuerdo de París.

La propuesta sobre la no causación que cursa en la reforma tributaria que se tramita en el Congreso no solo pone a Colombia bajo la lupa frente a sus compromisos internacionales de mitigación de cambio climático, sino que podría poner en jaque la inversión y desarrollo de programas o iniciativas de mitigación de GEI en Colombia.

Camila Jiménez 
​Asociada Baker McKenzie.

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