Quiero manifestarle, respetuosamente, mi visión sobre el programa ‘Ser Pilo Paga’. Para mí, debería mantenerse con algunos ajustes. El país haría mal en acabarlo, escuchando las voces que atacan a las universidades no estatales de buena calidad y que con responsabilidad han desempeñado un papel fundamental en la educación superior.
Sobre el asunto, Ministra, tengo varias inquietudes: si las universidades no estatales tienen un objetivo sin ánimo de lucro reconocido por la Dian, si tienen estatutos aprobados por entidades gubernamentales, si están obligadas a reinvertir sus excedentes en su misión, y si, en caso de liquidación, sus activos pasan al Estado de no asignarse a otra entidad educativa, ¿o será que el Gobierno debería reconocer que, en la práctica, su naturaleza y papel en la sociedad es equiparable a la de las universidades estatales? ¿No sería esta una manera de reconocer su aporte en el objetivo de garantizar educación con calidad?
Por otro lado, Ministra, ¿no debería el Gobierno refutar la falacia de que es más costoso lo que paga el Estado por un pilo en una no estatal, que lo que cuesta para un estudiante en la estatal? El costo promedio por estudiante en las universidades estatales de mejor resultado en la pruebas Saber Pro está en el mismo rango de una matrícula en las no estatales de alta calidad. Los datos del Ministerio a su cargo demuestran que el valor semestral es de 9’728.615 pesos en la Nacional; 6’675.433 en UniValle, y 5’183.616 en la de Antioquia. Debería más bien admitirse que, mientras en la estatal accede aquel que pasa exámenes así su capacidad económica sea alta o media, en ‘Ser Pilo Paga’ se garantiza que la financiación estatal solo beneficie a los bajos ingreso –para quienes no hay suficientes cupos en las estatales–. El Gobierno debería valorar que estos elijan universidades no estatales ligadas al sector privado y a entes internacionales, en alianzas de investigación e innovación.
Ministra: no dejen extinguir el programa. Construyan un modelo en el que todos pongan, para brindar oportunidades a los estudiantes de alto rendimiento y de familias de bajo ingreso que tienen derecho a contribuir con lo mejor de sí al avance del país. ¿Qué le parece instituir un programa en el que todas las universidades financien el 20 por ciento de la educación del estudiante beneficiado y el Estado el 80 por ciento, con un tope por valor de matrícula? ¿Un modelo en el que las empresas participen y el Estado reviva los incentivos tributarios por donaciones a educación desmontados hace unos años, dinero con el que se ha fortalecido la infraestructura educativa? ¿En el que los egresados que se beneficien del programa también financien nuevos estudiantes a través de fondos de solidaridad?
Ministra, ojalá estos comentarios sean de utilidad en el debate público. Discusión que debe continuar hasta lograr un acuerdo en torno a la manera de consolidar este tipo de programas como una oportunidad para generar mayor inclusión social y comprometer a todo el sistema educativo en la construcción del desarrollo equitativo que queremos como nación.
Claudia Blum
Escritora - Expresidenta del Senado
