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Censo del 2018: o falta gente o sobra plata

Las cifras del censo anunciadas por el Dane generan un ‘descuadre’ y ponen en duda las que se han usado en los últimos años. 

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diciembre 13 de 2018
2018-12-13 07:50 p.m.
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Según el reloj de población proyectada del Dane, el 21 octubre del 2018, Colombia superaría los 50 millones de habitantes. Ese día el reloj marcó 50’001.653 personas, similar a la cifra que ha estado en la mente de analistas y del público en general, y sobre la que se asignan recursos públicos y se adelantan evaluaciones de política. En el caso de salud, se ha ganado confiabilidad en cuanto las proyecciones de población y los resultados de estudios poblacionales, como las encuestas de calidad de vida, que muestran cifras similares sobre la cobertura.

Sin embargo, el reloj del Dane fue desactivado y mediante rueda de prensa del 6 de noviembre, el Director de la entidad anunció que, según el Censo, la población colombiana no llegaría a los 50 millones en el 2018, pues solo se habrían contado en todo el territorio a 45,5 millones de personas. Ante esta diferencia, surgen muchas preguntas y se abre una amplia discusión. Pero, por lo pronto, conviene examinar, por ejemplo, los efectos que puede tener para el sistema de salud, especialmente en cuanto a cobertura y a los recursos para financiarla.

Los análisis sobre población afiliada y recursos están basados en dos tipos de fuentes: los registros administrativos y las encuestas; y aunque son normales las diferencias entre ellas, lo cierto es que han alcanzado gran similitud. Por ejemplo, para el 2017 la proyección del Dane daba cuenta de 49’291.609 habitantes y, según la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) del mismo año, la cobertura de la seguridad social en salud ascendía a 94,6 por ciento. De modo que 46’254.000 personas hacían parte del régimen contributivo, del régimen subsidiado o de un régimen especial, y 2’542.000 personas no estaban afiliadas.

Las cifras anteriores tienen una coincidencia con el último informe del Ministerio de Salud y Protección Social, presentado en julio de este año y basado en los registros que reportan las entidades encargadas del aseguramiento, supuestamente respaldados por la identificación de las personas afiliadas: la población afiliada en el 2017 ascendió a 46’767.327 y los no afiliados a 2’524.282. Estas cifras difieren de las anteriores en tan solo el 1 por ciento.

Como lo señala el informe (pág. 102), respecto a la confiabilidad de esta información y la expectativa de los resultados del Censo:

“Entre el 2014 y el 2017, el comportamiento de la afiliación y la cobertura ha presentado dos momentos diferenciables: un crecimiento del número de registros de afiliados, seguido de una corrección en el crecimiento de la afiliación, explicada por la intervención de las fuentes de información para mejorar su confiabilidad (…). La realización del censo en curso debe dar una base de población más precisa que permita mejorar la estimación” (subrayado propio).

Manteniendo como base los registros administrativos, que casi coinciden con las estimaciones realizadas a partir de estudios poblacionales, el país asigna recursos públicos para financiar la atención en salud, en particular de quienes están afiliados a una EPS. En el informe del Ministerio del 2018 se da cuenta de un gasto de 38,3 billones de pesos, teniendo en cuenta 854.000 millones de pesos destinados a población no afiliada y sin contar los regímenes especiales.

Sin embargo, las cifras del censo anunciadas por el Dane generan un ‘descuadre’ y ponen en duda las que se han usado en los últimos años, y lo más delicado, sugieren que los recursos destinados a financiar la salud, al igual que los resultados en materia de cobertura, resultan superiores por el simple hecho de modificar el denominador por uno menor al que se usaba.

En el caso de la población, si se calcula la diferencia entre los registros de aseguramiento a octubre del 2018 y los resultados preliminares del Censo, se obtiene una discrepancia de millón y medio de personas, suponiendo una cobertura del 100 por ciento, que no es lo real. Es como si estas personas no hubieran participado del censo, o aparecen registradas en el sistema, pero debe aclararse su situación real: ¿han fallecido?, ¿están en el exterior?, ¿están doblemente contabilizadas?, ¿hay fraudes en los registros?

A partir del contexto nacional, es posible que las discrepancias varíen a nivel territorial. Por ejemplo, en Bogotá la población afiliada supera en 6 por ciento la del censo y es inferior a la proyectada en cerca del 7 ciento; en cambio, de forma similar a Valledupar, en Medellín los afiliados exceden, tanto el dato del censo (9 ciento) como la proyección (4ciento). Un caso llamativo es Cali, en donde la población afiliada es superior al censo en 18 ciento y está 8 ciento por debajo de la proyección.

En cuanto a recursos, teniendo en cuenta el gasto percápita realizado en el 2017 con cargo al sistema de salud, la diferencia ascendería a 1,38 billones ciento. En este caso, con las implicaciones fiscales que deberían llamar la atención de los organismos de control, conviene preguntarse si estos recursos en realidad no tienen su correspondencia con la población afiliada, y en tal caso: ¿se recortará el presupuesto destinado a la atención en salud? ¿Se destinarán los ‘recursos sobrantes’ para cubrir el déficit del sistema ¿Se debería ajustar la UPC para reconocer la nueva realidad con un gasto percápita más alto?

En síntesis, los resultados preliminares del Censo deben dar lugar a un debate público, argumentado y con participación de la academia y de organizaciones independientes. Aunque la información socioeconómica y geográfica será un insumo muy valioso para comprender dinámicas de la población colombiana, es preciso establecer la confiabilidad del conteo realizado para modificar, o no, las bases de población que han servido para los análisis y la formulación y evaluación de políticas. Tal vez el Censo no logró llegar a toda la población y no cumplió a cabalidad el propósito del conteo, en cuyo caso cabría un ajuste y la cifra final estaría entre los 47 y los 49 millones.

Jairo Humberto Restrepo
Grupo de Economía de la Salud (GES) - Facultad de Ciencias Económicas,
Universidad de Antioquia

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