Son tantos los temas sobre los cuales versa la recién presentada reforma tributaria, que hay materias de vital importancia para el desarrollo de la sociedad que se pierden en el debate, como lo es el caso del gravamen a la conexión de internet en estratos 3, y el impuesto a la navegación móvil. Asunto, que, además de análisis, debe generar rechazo público por parte de los ciudadanos, puesto que golpea un avance de la sociedad.
De acuerdo a un estudio publicado por los profesores Richard Lynn y Tatu Vanhanen, los países con mayor acceso y velocidad de internet tienen correlación con el coeficiente intelectual (IQ) de sus ciudadanos. De esta manera, naciones como Venezuela y Bolivia, que cuentan con bajo acceso y velocidad a internet tienen ciudadanos con los más bajos coeficientes intelectuales, mientras que Japón y Singapur detentan unas de las poblaciones más inteligentes del planeta, al igual que altas velocidades de conexión a la red.
En Colombia, tenemos un gobierno que ondea las banderas de la ‘equidad y la educación’, pero toma medidas contrarias a estos conceptos. El artículo 178 de la reforma tributaria grava con IVA los cursos online, la compra de mayor capacidad de almacenamiento en la nube y el acceso a las bases de datos para las instituciones académicas, entre otros. Esta medida promueve la piratería, golpea el acceso a la información y a la educación a distancia.
En cuanto a la navegación móvil, que es uno de los grandes avances de la sociedad al democratizar la posibilidad de acceder al conocimiento, entretenimiento, información en tiempo real y, por supuesto, participación de la ciudadanía en asuntos de interés general a través de las redes sociales, la reforma tributaria grava con un impuesto del 4 por ciento adicional este servicio. Un claro y directo desincentivo a un tema que debería promoverse.
Adicional a lo anterior, el artículo 183 de la reforma establece un IVA del 5 ciento a los hogares con conexión fija a internet en estratos 3, que, recordemos, es la clase social a la cual pertenece la mayoría de colombianos (35 por ciento de la población).
No está de más recordar que Hungría intentó gravar internet en el 2004, pero la sociedad protestó masivamente en las calles hasta que el Gobierno tuvo que reversar dicha medida. Igualmente, conviene mirar el ejemplo de Estados Unidos, que con el internet Tax Freedom Act (1998) prohibió cualquier tipo de impuesto al acceso a internet y al comercio electrónico.
Al gravar el acceso a internet a un porcentaje significativo de los colombianos, la navegación móvil y el comercio electrónico, la reforma tributaria envía un mal mensaje que denota apetito fiscal y desconoce la importancia de internet para el desarrollo económico. La revista Time dijo que la economía colaborativa es una de las ideas que cambiarán el mundo, y que junto con Medio Oriente y Asia, América Latina es la región más proclive a utilizar los servicios derivados de esta tendencia mundial ¿Será Colombia la excepción?
No es tarde para que, como sociedad, nos manifestemos pacíficamente y digamos al Gobierno y al Congreso que queremos un #InternetLibre.
Federico Hoyos Salazar
Congresista
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