Los resultados de la segunda jornada electoral, demostraron una vez más que Colombia posee una democracia e institucionalidad sólida, dando como resultado que las personas que cumplieron con el deber de sufragar decidieron por el cambio propuesto por el Pacto Histórico, partido liderado por el Dr. Gustavo Petro, presidente electo con un total de 11.281.013, quien ejercerá el cargo más importante del país acompañado de la Dra.
Francia Márquez, como la nueva vicepresidenta por los próximos cuatro años.
Los nuevos mandatarios, recibirán una economía en recuperación luego de una pandemia que ocasionó grandes consecuencias en la salud pública y en los distintos indicadores económicos y sociales. Gracias a disposición de instrumentos que, aunados a la capacidad de resiliencia del sector empresarial, han permitido recuperar gradualmente lo perdido. Tal es el caso de la tasa de desempleo, que alcanzó su máximo nivel en el mes de mayo de 2020, ubicándose en un 21,4%, y para el año corriente, el último reporte nos ubica con un 11,2%, quedando pendientes cerca de 512.000 empleos que aún no logran activarse.
Necesariamente, hablar de desempleo implica hablar de informalidad, puesto que, es uno de los aspectos que más genera preocupación en el mundo y en particular, a los países en vía de desarrollo. En Colombia, esta ha sido uno de los problemas más recurrentes en las últimas décadas, entendiendo que se refleja en las condiciones de pobreza y falta de equidad en la sociedad. Según cifras del Dane, para marzo de 2022, la proporción de la población ocupada informal se ubicó en un 46,8%.
Investigadores y expertos, han establecido que, para disminuir los niveles de informalidad, una de las acciones que puede ayudar con este reto es la simplificación normativa y la disminución de los costos administrativos para cumplir las mismas. En este sentido, resulta necesario que el próximo gobierno revise el marco legal y regulatorio existente, para que éste permita mejorar las condiciones del mercado laboral, teniendo en cuenta las características socioeconómicas y demográficas y la sofisticación del aparato productivo en las regiones.
Acopi, como representantes de las MiPymes colombianas, principal motor del desarrollo social del país y responsables del 80% del empleo, nos encontramos dispuestos a aportar al nuevo gobierno con propuestas de políticas públicas diferenciales, que potencien el crecimiento de las empresas, mayor formalidad laboral y empresarial, promuevan la inserción en las cadenas globales de valor y, por consiguiente, generen empleos dignos, estables y en igualdad de condiciones para los distintos grupos de interés.
Como ciudadanos y empresarios tenemos la responsabilidad de reconocer los avances de nuestro país y juntos, aportar al cierre de brechas que aún persisten, desde una posición de colaboración, respeto, coherencia y consecuente con las capacidades económicas del estado.
Rosmery Quintero
Presidente Nacional de Acopi.
