El crédito productivo en condiciones adecuadas genera impacto positivo durable en la medida que es un factor importante de creación de valor y dinamizador de la economía; y en los sectores de bajos ingresos, urbanos y rurales, contribuye a reducir la pobreza.
La definición de Economía Popular que ha adoptado el Gobierno abarca a todas las actividades económicas de personas que hasta la fecha están excluidas del acceso al crédito formal, ya sea por su alto nivel de riesgo y altos costos operativos que significa para la entidades financieras tramitar créditos de bajo monto; así mismo, por la falta de garantías idóneas, el trámite para acceder al mismo y falta de educación financiera que les permita conocer las condiciones del crédito, los avales disponibles, los canales de acceso y la forma de pago de los mismos que se ajusten a los flujos de ingreso de los negocios que desarrollan.
En la primera ola de bancarización, llamada banca de las oportunidades, se orientó a mejorar el acceso de la población a los productos financieros, particularmente de una cuenta de ahorros o una tarjeta débito y a ampliar los canales de acceso como los corresponsales bancarios, la banca virtual y la banca celular; así mismo, se impulsó el microcrédito como estrategia para reducir el gota gota por sus tasas exorbitantes y sus métodos poco ortodoxos de cobro. Sin embargo, el avance en este campo todavía tiene un amplio espacio para crecer dado que del 90% de los que tienen un producto financiero solamente el 30% ha accedido al crédito. Tal vez, la tasa de interés del microcrédito muy cercana a la tasa de usura, en casi todas las entidades financieras vigiladas y no vigiladas por la Superfinanciera, constituyen una barrera de acceso porque a esa tasa pocos negocios pueden generar excedentes.
Colocar un millón de créditos a los sectores de la economía popular en los próximos 4 años constituye un reto, el cual exige desarrollar políticas, estrategias, instrumentos de apoyo claros y bien sincronizados, y productos financieros diseñados acorde a la actividad que desarrollan para que el objetivo supremo del Programa tenga el impacto esperado. No sólo es cumplir la meta de colocación sino que tenga impacto en la calidad de vida de quienes acceden.
También se requiere una coordinación institucional eficaz desde el Ministerio de Hacienda que garantice que las entidades participes del Gobierno en primer lugar, y luego las instituciones privadas, desarrollen procedimientos ágiles y transparentes que faciliten el acceso de la población objetivo del Programa. Es prioritario que entidades como Bancóldex, Finagro, el Banco Agrario y los fondos de garantías(FNG y FAG) cuenten con recursos físicos y humanos, canales de distribución, tecnología y acompañamiento a los potenciales clientes, tanto para actividades urbanas como rurales y las agropecuarias para asegurar el éxito del Programa.
Jesús Antonio Vargas Orozco
Consultor Empresarial
Jesusvargas.orozco@gmail.com