La Constitución de 1991 modificó los ‘auxilios parlamentarios’, pero evolucionaron con otro nombre y ahora se llaman ‘cupos indicativos’. En estos, los parlamentarios reciben un cupo presupuestal, creado previamente, que pueden manejar, en teoría, para cubrir necesidades sociales en sus regiones. Sin embargo, pueden elegir a dedo a qué alcalde se le asigna, a qué contratista se le da la obra o licitación, e, incluso la Corte Constitucional en el 2001 conceptuó que pueden ‘sugerir’ las obras.
Según la Contraloría General de la República, los dos últimos gobiernos repartieron cupos indicativos por 54 billones de pesos en 14 años, un promedio de 3,85 billones de pesos anuales, que no es una bicoca de los impuestos que pagamos los colombianos y por lo cual están siendo investigados algunos parlamentarios. Esto sugiere que los cupos indicativos se pueden utilizar como herramienta política y de presión para que los legisladores muevan la balanza hacia las leyes que el Ejecutivo necesita que se aprueben, y también, como lo afirmaba el excontralor Edgardo Maya, “para financiar campañas de los mismos parlamentarios y crear un mercado persa con dichos cupos”.
Uno de los caballitos de batalla en la campaña del actual gobierno Duque fue la lucha contra la corrupción y la transparencia de las instituciones. Si el presidente quiere luchar contra la corrupción debe pensar que sus propias decisiones, en cuanto a la asignación de los cupos indicativos, pueden llevar a malos manejos de los recursos que deberían mejorar las condiciones sociales de las regiones marginadas y con bajos indicadores sociales.
Los mismos parlamentarios deben tener conciencia de que en sus propias regiones hay millones de colombianos humildes que necesitan de esos recursos para mejorar sus condiciones de vida. En el último Plan Nacional de Desarrollo del presidente Santos, se estableció que gran porcentaje de municipios en Colombia deberían cerrar brechas en indicadores sociales para lograr unas metas en los mismos, para lo cual el DNP se dio a la tarea de analizar estas brechas municipales y en el 2016 sacó un informe con datos del 2014. Es posible que en estos cuatro años las brechas sociales hayan disminuido, pero como no hay información actualizada, daré algunos del 2014 para que el gobierno, los nuevos parlamentarios, los alcaldes y gobernadores tengan en cuenta.
El 67% de los municipios de Colombia debe cerrar brechas en cuanto a cobertura en educación; el 76% lo debe hacer para disminuir el analfabetismo; el 67% debe cerrar brechas para disminuir la mortalidad infantil, y el 66% debe aumentar la cobertura en vacunación; por el lado de los acueductos, el 71% de los municipios debe mejorarlos y hacerlos potables; el 81% debe mejorar la calidad de la vivienda, y el 33% aumentar el número de viviendas. Por otro lado, el 87% debe aumentar sus ingresos tributarios como porcentaje del total de ingresos recibidos, y el 89% deben aumentar su ingreso tributario per cápita.
Estos dos últimos datos indican que los municipios financian gran porcentaje de sus ingresos vía transferencias del Gobierno Central, y que en cuanto a nivel de vida medido, por el ingreso tributario per cápita están muy atrasados. Por lo que el nuevo gobierno debe poner especial atención en el eficiente uso de los recursos que transfiere a las regiones vía Sistema General de Participación, Sistema General de Regalías y cupos indicativos.#
Alejandro Ramírez V.
Consultor
alej-ram@uniandes.edu.co