Para entender cuál debe ser la prioridad máxima en política social del próximo gobierno, basta con dar una mirada detallada a la situación de la población mayor en Colombia. El sistema general de pensiones colombiano es el rubro de gasto social más oneroso del Estado, por encima de salud y educación, absorbiendo anualmente cerca del 4 por ciento del PIB, es decir, 25 de cada 100 pesos recaudados por impuestos.
¿Quiénes son los receptores de semejante cantidad de recursos? Agregando los sistemas público y privado, y los regímenes especiales, se encuentra que hoy solo 1,3 millones de adultos mayores reciben pensión, esto es, la cuarta parte de la población mayor colombiana. A esto se le añade los 1,5 millones de personas en estado de vulnerabilidad, que reciben un subsidio ‘no contributivo’ por el programa Colombia Mayor, aunque su fuerte expansión en los últimos años se hizo a costa del monto del beneficio, que bajó de 110.000 pesos mensuales en 2010, a los actuales 65.000 pesos.
Aquellos que están fuera del sistema, es decir, la otra mitad de los adultos mayores del país, se encuentran desprotegidos. Aunque la mayoría (40 por ciento) sí ha cotizado para pensión en algún momento de su vida, por no cumplir los requisitos mínimos para una pensión –entre 22 y 25 años, según el régimen–, reciben sus ahorros en un único pago, dinero que termina muchas veces invertido en una Chevrolet Captiva y pierde su sentido de protección para la vejez. La población restante (10 por ciento del total) no cuenta con absolutamente nada, ni ahorros ni cobertura alguna del Estado.
Esta dramática situación se puede explicar por una barrera estructural del sistema: ni la cotización activa ni la pensión pasiva pueden ser menores a un salario mínimo, y se restringen al empleo formal. Esto termina excluyendo de facto a la mitad de la población trabajadora, en un país con alta persistencia de la informalidad y en la cual la tercera parte de los trabajadores gana menos de un salario mínimo.
Todo este escenario hace que el sistema pensional genere un impacto nefasto en términos sociales, medido de dos formas. La primera es el efecto sobre pobreza, en la que nos rajamos, pues Colombia es el único país de América Latina en donde la pobreza de los adultos mayores, de 44,7 por ciento, duplica el indicador para la población general. Más preocupante que la anterior es la segunda, del impacto redistributivo, toda vez que el 86 por ciento de los subsidios pensionales del Estado se dirigen al quintil más rico de la población, mientras que el quintil más pobre recibe solo el 0,1 por ciento. Este fuerte impacto regresivo hace válida la pregunta de si la sociedad colombiana estaría mejor sin el sistema pensional, que con él.
Su baja cobertura, efecto regresivo y alto costo fiscal, sumado a la inanidad de los mecanismos internos de solidaridad, permiten concluir que el actual sistema pensional es un diseño fallido, que no es capaz de proveer una protección efectiva para nuestra población mayor. Por esto, la primera y más urgente política social que debe asumir el próximo gobierno es una reforma pensional estructural. Nos gustaría ver qué propuestas tienen los candidatos en este tema tan crítico para el bienestar de los colombianos.
David Forero
Investigador de Fedesarrollo
