La discusión sobre tarifas ha estado en la agenda pública en las últimas semanas. Colombia, desde la emisión de la Ley 142, ha tenido cerca de 30 años de abastecimiento confiable y con tarifas competitivas, inclusive en los fenómenos climáticos más extremos.
De igual manera, en estos años se ha incrementado la capacidad en Fuentes Renovables No Convencionales, que diversifican la matriz energética del país y han traído cuantiosas inversiones y oportunidades de desarrollo a muchas regiones.
Los retos como país no se limitan al tema de tarifas, sino a asegurar la oferta futura, teniendo en cuenta que la demanda ha venido creciendo aceleradamente y que la entrada de nuevos proyectos no se ha producido en los tiempos esperados.
Liderados por la ministra Vélez se han logrado acuerdos para impactar positivamente los costos de energía, de seguro la expectativa de las disminuciones puede ser mayor.
Ciertamente, se pueden seguir revisando alternativas para favorecer los usuarios finales, pero es imperativo asegurar varios factores, si se quieren tener tarifas competitivas en el largo plazo.El primero, asegurar la entrada de Hidroituango de 2.400 MW de capacidad, es vital en el balance de oferta y demanda en el país. Este proyecto debía entrar en 2018 y de acuerdo con la información pública, sus dos primeras unidades deberían estar operando hacia finales de 2022. No obstante, existe incertidumbre en el mercado alrededor de la entrada del resto de las unidades, no sólo por la complejidad misma del proyecto, sino también por los posibles efectos de un cambio de contratistas, a mitad del camino.
Adicionalmente, la entrada de línea Colectora de La Guajira y la construcción de los proyectos eólicos en curso en esta región, permitirían la entrada de cerca de 3.000 MW nuevos al Sistema. Estos proyectos han tenido un avance tortuoso y requieren el apoyo y acompañamiento del Gobierno Nacional para salir avante.
Frente a los comercializadores que atienden usuarios finales, es importante incentivar la firma de contratos de suministro de más largo plazo, históricamente son de menos de 3 años, bajo un principio de transferencia total de costos a los usuarios que ha regido esta parte de la cadena. Estos acuerdos de suministro presentan condiciones menos competitivas a los de largo plazo. Así mismo, es importante flexibilizar las condiciones para estos actores, incluyendo contratos “Pague lo generado” que tienen condiciones más atractivas y redundarían en mejores tarifas.
Específicamente en la Costa existen unas complejidades particulares asociadas a las necesidades de inversión elevadas por el atraso de la infraestructura y los altos niveles de perdidas fruto de la mala gestión de Electricaribe. Cerca del 30% de la energía que se entrega en esa región no termina representando ingresos para los comercializadores. Se requiere un trabajo mancomunado de éstos y los mandatarios locales para disminuir esas pérdidas que hoy representan 25% de las tarifas pagadas. La discusión debe ir más allá de quien paga estas pérdidas, sino de efectivamente asegurar su reducción.
Es inminente la necesidad de señales de expansión por parte del Gobierno, no sólo vía subasta para nuevos proyectos de generación, sino también de la infraestructura para importación y producción de gas. Los tiempos de construcción son extensos y no son ajenos a imprevistos y debe ser una prioridad estar preparados para eventos climáticos extremos. El cambio climático es una realidad, generando variabilidad e incertidumbre en los regímenes de lluvia, así como la necesidad de medidas de adaptación adicionales por parte del sector eléctrico. Vale la pena tener en cuenta que el último fenómeno ‘El Niño’ fue en el año 2015 y desde ese momento la demanda de energía ha crecido sustancialmente y el respaldo que se tenía desde el parque térmico del interior del país ya no es el mismo.
Por último, la claridad y estabilidad en las reglas del juego son la garantía para la oferta nueva que requerimos. No debemos hacer cambios estructurales para atender una coyuntura, porque de seguro estaremos generando males mayores a futuro. Debemos tener presente que la prioridad es garantizar la producción de energía suficiente para mejorar el bienestar de los colombianos y el crecimiento sostenible. Esas son tareas que hay que abordar pensando no en el próximo mes sino en la próxima década.
Camilo Marulanda López
Gerente General de Isagen.