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Decisión responsable: el desafío salarial

Las conversaciones para determinar el aumento deben fundamentarse en las necesidades que apremian a todos los actores de la economía.

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noviembre 30 de 2022
2022-11-30 07:05 p. m.
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Al llegar diciembre, el país se prepara para una de las discusiones que año a año nos reúne a los representantes de los empresarios, de los trabajadores y del Estado. Esta decisión no es más que el incremento del salario mínimo que recibirán los empleados a partir del primero de enero del 2023.

Para esta ardua labor fue creada la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, escenario tripartito cuyo objetivo principal es fomentar las buenas relaciones entre trabajadores y empleadores, contribuir a la solución de los conflictos colectivos de trabajo y concertar las políticas salariales y laborales. Asimismo, esta Comisión cuenta con invitados especiales como el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y el Banco de la República, instituciones responsables de brindar información sobre distintos indicadores que inciden al momento de tomar esta decisión, tales como la inflación, la productividad, el producto interno bruto, entre otras.

Debido a la actual coyuntura nacional e internacional, provocada por diferentes choques como la crisis generada por una pandemia, la actual guerra entre Rusia y Ucrania, la escasez de insumos y alimentos y el aumento de precios de petróleo y carbón, la inflación del país ha llegado a su pico más alto en los últimos 20 años, ubicándose en 10,8%, que según el Dane podría cerrar el año 2022 en 12,2%. Por otro lado, la productividad total de los factores solo aportó al crecimiento del valor agregado un 0,64%, lo que refleja un panorama poco optimista, pues, adicionalmente, el Banco de la República pronostica que el Producto Interno Bruto del país cerrará el 2022 con un crecimiento promedio de 6,4%, mientras que para el 2023 se espera que el crecimiento solo sea del 0,7%.

Por lo anterior, la economía se encuentra en vilo frente a una posible desaceleración. El papel de la Comisión, en esta ocasión, será mucho más difícil que en años anteriores. Desde Acopi, como representantes de los empleadores, consideramos que las conversaciones para determinar el aumento deben fundamentarse en las necesidades que apremian a todos los actores de la economía, teniendo en cuenta cuales serían las consecuencias que este incremento dejaría sobre la población vinculada laboralmente y más aún, la que no ha tenido vinculación, puesto que, un incremento desmedido del salario mínimo podría incidir negativamente en indicadores macroeconómicos como la inflación y el mercado laboral, así lo hizo saber el Banco de la República de manera que, un aumento real de 1% en el salario mínimo disminuiría 72.200 empleos y aumentaría la tasa de desempleo y la informalidad en 0,3 y 0,1 puntos porcentuales, respectivamente.

Rosmery Quintero Castro
Presidente Nacional de Acopi

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