En el foro organizado por la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia, hace algunos días, se debatió la eficiencia en el mercado de las telecomunicaciones. Como es habitual, la discusión abordó el tema de la economía digital, toda vez que se considera que las telecomunicaciones son un elemento transversal para el desarrollo de la misma.
Actualmente estamos enfrentando el resultado de las políticas públicas que se adoptaron hace varios años en nuestros países. Hace varias décadas los Estados, más o menos en consenso, vienen concentrando sus esfuerzos por propender por la globalización, primero, a través de varios tratados internacionales para determinar los principios de derechos que los guían en varios aspectos y, luego, a partir de la implementación del neoliberalismo y la apertura económica, para integrar los países al buscar nivelarlos económicamente.
Sin embargo, es evidente que ninguno de estos esfuerzos, jurídicos o económicos, habían logrado generar un campo de participación de los agentes de mercado nivelado, como lo logró el avance tecnológico. En efecto, el internet (bajo cualquiera de sus acepciones) es de naturaleza abierta, partiendo, por supuesto, de su arquitectura de red.
Esta característica ha permitido que las ideas, como factor de producción tengan un peso preponderante que nunca habían tenido.
Las herramientas de análisis de las ciencias sociales que hemos adoptado (entre ellas el principio de la libre competencia) han logrado de alguna forma su finalidad, y es que indudablemente estamos más interconectados que en otra época de la humanidad. Ante una nueva realidad, ha llegado la hora de revisar los presupuestos con base en los cuales formamos ese ‘deber ser’ en cada ámbito. Esto incluye, preguntarnos si en el futuro las relaciones continuarán realizándose entre los sujetos y el Estado-Nación, o podremos ver un resurgimiento de las ciudades-Estado, como elementos de poder que tienden a solucionar mejor las necesidades de los individuos.
El foro fue un espacio de reflexión, y más allá de las posiciones en pro de regular o desregular los mercados de telecomunicaciones, fue evidente que el Estado también está en un proceso de transformación y en esa medida, también debe innovar en su estructura y forma de actuar. Por ello, la pregunta subyacente fue: ¿cuál es el rol del Estado en el contexto que estamos enfrentando?
Sin duda, hechos destacados durante el foro por Jorge Negrete, como que Colombia es líder en América Latina con el internet móvil más asequible y el hecho que DNP ya está trabajando en temas como ciudades inteligentes, nos indica que la experiencia colombiana no ha sido negativa y, por el contrario, refleja cierto liderazgo en la región.
Sin embargo, Roslyn Latyon planteó la necesidad de determinar la finalidad del gobierno con los proyectos de regulación que se están discutiendo.
La intervención del Estado en la economía siempre busca garantizar un derecho. En materia de las comisiones de regulación, se busca garantizar y materializar los derechos fundamentales de los ciudadanos consistentes en el acceso a servicios básicos, en desarrollo de los principios del Estado Social de Derecho plasmado en nuestra Constitución.
Bajo el contexto de una sociedad de la información y una economía digital, la pregunta es: ¿cuál es el derecho que queremos y debemos garantizar?
Los modelos de negocio innovadores están cuestionando al menos dos elementos del Estado-Nación: territorio e intermediación. El territorio viene de vieja data y corresponde al debate sobre el lugar donde prestan sus servicios varias empresas tecnológicas. El segundo, a partir de la tecnología blockchain promete brindar mayor seguridad en las transacciones a partir de un registro descentralizado. Ambos, nos obligan a revaluar los fundamentos del Estado-Nación como elemento central de varias relaciones entre los agentes económicos.
En esa medida, nos corresponde a la academia, gobierno y sector privado iniciar un debate sobre cómo deben ser nuestras metas, determinar ese end-game que perseguimos, para poder llegar a un concenso en la forma como queremos materializarlo y las herramientas que consideramos más apropiadas para ello.
Víctor Ayalde Lemos
*Miembro del Centro de Estudios de Derecho del Entrentenimiento, Tecnología e Información (Centi9, Universidad Javeriana.
