En la actualidad, Colombia tiene 22 millones de ciudadanos ocupados, de los cuales el 78 por ciento se concentra en el sector urbano y el 22 por ciento en el área rural; en esta última, el 12 por ciento es formal y el 84 por ciento está en la informalidad, alrededor del 89 por ciento percibe ingresos menores a un salario mínimo.

En un país en paz, se avizora un horizonte a largo plazo con un futuro de expectativas en materia de trabajo decente, el cual implica un reajuste institucional que requerirá esfuerzos conjuntos entre lo público y lo privado para revitalizarlo desde todas sus dimensiones: respeto y vigencia de los derechos fundamentales, extensión de la protección y la seguridad social, creación de empleos decentes, reforzamiento del tripartismo y el diálogo social.

En el posconflicto se suscitarán transiciones laborales en las diferentes dimensiones del mercado de trabajo que van a generar cambios positivos en la productividad. La guerra ha generado pérdidas en el talento humano, no solo en términos de vidas, sino en la cobertura y calidad de la formación para el trabajo por la falta de acceso a las zonas en conflicto.

A modo de ejemplo, hay generaciones de jóvenes con rezago escolar que han llegado a la edad de adultos mayores sin tener ingresos ni poder acceder a la protección social. Las transiciones laborales exigirán un nuevo esquema de educación terciaria y formación para el trabajo, basado en la certificación de competencias en nuevos temas y tecnologías, y el reconocimiento de saberes, y así contar con trabajadores y emprendedores con nuevas habilidades y expectativas laborales.

En materia de empleo, los avances no son solo desde el punto de vista productivo. Es posible, hacia futuro, lograr el fortalecimiento de las economías locales y cerrar la brecha entre lo urbano y lo rural, generando nuevos escenarios de coordinación entre todos los actores, tanto a nivel nacional como local; mejorar los mecanismos para evitar distorsiones en los mercados locales y promover la equidad de género.

Con seguridad, podemos encontrar el equilibrio entre la flexibilidad para el sector productivo y la seguridad y protección al trabajador, con una gran inversión en formación complementaria a la regulación, que lleve a eliminar las barreras a las poblaciones que han estado marginadas del mercado de trabajo con un horizonte de futuro más claro.

Factores claves en la construcción de paz y para potenciar la resiliencia dependerán de la incorporación de las víctimas al mercado laboral, la desmovilización de la insurgencia y su reincorporación a la sociedad civil, la ampliación y recomposición de la oferta de servicios e infraestructura para atender las necesidades de la renovación de los territorios –desde los cultivos de coca, la minería ilegal, la deforestación y el contrabando– hacia la economía legal, aprovechando las nuevas tecnologías de la comunicación y la información y potenciando el desarrollo regional como nuevos territorios de paz a través del ecoturismo y aprovechamiento de los acuerdos comerciales.

En este nuevo contexto, otras transiciones laborales como la del envejecimiento de la mano de obra y el marchitamiento del sector hidrocarburos podrán ser superadas con el surgimiento de sectores no tradicionales en trabajo calificado, el florecimiento de la economía rural intensiva en tecnología y la incorporación de la mujer al sector productivo.

Uno de los puntos del Acuerdo de Paz es la creación e implementación del plan progresivo de protección social y de garantía de derechos de los trabajadores rurales. Por ende, uno de los principales desafíos en el posconflicto es diseñar e implementar un esquema de protección social con énfasis en el sector rural. Por ello es necesario adecuar la estructura organizacional para el trabajo en el campo, desde la articulación y las sinergias institucionales entre el Gobierno y todos los actores del sistema de seguridad social.

Es innegable cómo lo mencionado redundará en la competitividad y el desarrollo productivo del país, pero tal vez más importante en la protección social de la población, impactando positivamente su calidad de vida, que, en últimas, es el propósito real, por encima de los indicadores. Como sociedad, es grande el reto de extender la cobertura de seguridad social, pues por esa vía se avanzará en mayor inclusión y equidad.

Sostener un país en guerra nos ha obligado a pensar en términos de corto plazo, obtener los mayores réditos en el menor tiempo posible por el alto riesgo que se corre y el ambiente de incertidumbre imperante. Es necesario que las ganancias en crecimiento económico del país se traduzcan en el robustecimiento de una institucionalidad, en la cual un sector trabajo presente y visible, adaptable y dinámico va a generar un nuevo espacio en el que las instituciones sean el marco para resolver los conflictos que permitan tener una paz estable y duradera.

Francisco Javier Mejía
Viceministro de Empleo y Pensiones