Las pasadas elecciones tienen un impacto significativo en el desarrollo regional en la medida que definieron un mapa político del territorio con gobernantes, diputados y concejales, en su gran mayoría de una tendencia política distinta a la del Presidente de la República a pesar de coaliciones en la cuales participó el Pacto Histórico. Esto configura una nueva dinámica en la gestión de los gobernantes, y cuyos resultados sobre el bienestar de la población va a depender de la forma como se asuma la responsabilidad de cada uno de los niveles de gobierno para gestionar el desarrollo de los territorios.
Los resultados electorales pueden servir como un elemento clave para fortalecer un sistema de pesos y contrapesos que es fundamental para la democracia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas.
Esto permite una toma de decisiones más equilibrada y a desarrollar políticas públicas que interpreten de mejor manera la diversidad de opiniones en la sociedad y las prioridades de las regiones.
De igual forma, los líderes locales y regionales tienen un mayor espacio para implementar políticas que se ajusten a las necesidades del desarrollo territorial. Este proceso puede contribuir a avanzar en un mayor proceso de descentralización que otorgue mayor grado de autonomía a los entes territoriales, bajo el marco de un Estado Unitario.
Sin embargo, esta nueva geografía política tiene grandes desafíos dada la discrepancia política entre el gobierno central y las autoridades locales para la cooperación y la coordinación. Es esencial sobreponer los intereses superiores para la implementación eficiente de políticas y programas que beneficien a todas las regiones.
Aquí debe primar la coordinación, la complementariedad y la colaboración armónica para que no se afecten la estabilidad, la gobernabilidad y la eficacia del Gobierno en sus distintas instancias.
Por encima de las discrepancias políticas debe estar una adecuada utilización de los recursos del Estado para desarrollar proyectos prioritarios en las regiones que se orienten a mejorar las condiciones de vida, a superar las carencias de infraestructura económica y social de los territorios. Las necesidades de la población no tienen color político sino gobernantes que las interpretan.
Lo trascendental es realizar acuerdos y definición de recursos entre el gobierno y autoridades locales y regionales para gestionar el desarrollo económico en sectores como la agricultura, la industria, el turismo y la tecnología bajo el principio de la sostenibilidad.
Esto exige el impulso de proyectos conjuntos como mejorar las vías, volver la mirada al ferrocarril, mejorar la movilidad en las principales ciudades con nuevas vías y sistemas de transporte más allá del ineficiente Transmilenio, al igual que crear incentivos a las medianas y pequeñas empresas para crecer y generar nuevos empleos.
Finalmente, es esencial que este nuevo panorama político contribuya positivamente crear las condiciones para disminuir las inmensas disparidades regionales.
JESÚS ANTONIO VARGAS
Consultor empresarial
jesusvargas.orozco@gmail.com
