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¿En serio, la culpa fue del tubo?

Luego del fallo de la Corte Suprema nos preguntamos por qué la inversión privada no llega en el volumen esperado.

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enero 31 de 2019
2019-01-31 09:20 p.m.
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Cuando se cumplen 20 años de la tragedia de Machuca, en Antioquia, en la que 84 personas murieron a causa del incendio que provocó la voladura del Oleoducto Central de Colombia por parte del ELN, resulta que la culpa no fue de la guerrilla sino de la empresa. Insólito.

Dos de la mañana del 18 de octubre de 1998. El frente José Antonio Galán del ELN detonó una carga explosiva en el Oleoducto Central de Colombia (Ocensa) cerca de la cabecera del corregimiento de Machuca, en Antioquia. El petróleo derramado entró en combustión y vertió al Río Pocuné, el grupo guerrillero voló además el puente que conectaba al caserío, para que no escaparan sus pobladores, y el petróleo en llamas arrasó el pueblo. 84 personas murieron y 30 resultaron heridas. Una masacre descomunal.

Veinte años después, la Corte Suprema de Justicia establece en un reciente fallo de casación que la culpa fue del tubo, es decir, de la empresa; que el trazado del oleoducto estuvo mal diseñado pues la compañía debía prever que al ELN le gustaba volar la infraestructura petrolera y ha debido, por ende, anticipar el riesgo de que ocurriera esa tragedia, a pesar de que Ocensa contó para su construcción con todos los estudios y permisos, incluidos los de carácter socio-ambiental. Es decir, según el Alto Tribunal, la empresa ha debido anticipar que el ELN volaría el oleoducto en ese lugar, que se incendiaría el crudo y descendería al río, así como también que la guerrilla volaría luego el puente sobre el río, trasladando la conflagración al caserío.

El país se ha acostumbrado a que jueces y tribunales condenen al Estado por las acciones de los grupos guerrilleros y a que estos salgan incólumes penalmente. Hace poco el Consejo de Estado responsabilizó a la Nación de la bomba de las Farc contra El Nogal. Señaló que la seguridad y el orden público son una obligación del Estado, lo cual es cierto, y que en este caso había información que advertía “la inminencia de un atentado terrorista de gran magnitud en el norte de la capital”. Es factible que las autoridades hayan incurrido en alguna omisión, pero de ahí a señalar que debió prever el atentado en el Club, no es claro.

A lo que no debe acostumbrarse el país es a que se culpe ya no al Estado, con o sin razón, sino a las empresas, públicas y privadas, de los actos demenciales de los grupos armados ilegales. No es la primera vez que pasa: hace dos años el Tribunal de La Guajira condenó a la empresa Promigás por el atentado de las Farc contra el gasoducto Ballenas-Barranquilla en 2001. Dijo lo siguiente: que la compañía “sacaba provecho económico a expensas del peligro que representa la comercialización y transporte de gas.” Es decir, ahora resulta que llevarle gas domiciliario a nueve millones de colombianos, a la industria y a las térmicas -para que no se apague el país- es un peligro y que son las empresas de transporte y comercialización las responsables si a los criminales les da por volar los gasoductos y las conexiones de gas. Lo que diferencia el caso de El Nogal del de Ocensa y Promigás, es que en estos últimos la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal de La Guajira coinciden en dos tesis difíciles de entender: que el transporte de hidrocarburos per se es una actividad peligrosa y que le corresponde a las compañías responder por los daños ocasionados por terceros, en este caso las acciones terroristas. Y son cuestionables pues lo que constituye peligro no es el transporte de petróleo o gas por un sistema de ductos, sino que se atente contra el mismo.

Es más, este es el medio de transporte de hidrocarburos más seguro que existe; son estructuras de acero, la mayoría de los tramos van bajo tierra y, en el caso en referencia, el oleoducto superaba los estándares internacionales de profundidad. Una realidad técnica.

El peligro está asociado al riesgo y este depende de la amenaza y vulnerabilidad frente al mismo. El que el petróleo y el gas sean inflamables, como tantas otras sustancias, no significa que sean peligrosos, depende de su uso. Por eso concluir que la culpa es del tubo es absurdo. Entonces, si la guerrilla vuela una línea de alta tensión y al caer causa perjuicios a terceros, ¿la culpa es del trazado?, y si atenta contra una central hidroeléctrica y causa una avalancha que arrasa una población, ¿el responsable es la empresa?, y si se trata de una vía y el atentado ocasiona la muerte de unas personas, ¿la culpa es del constructor de la misma?

El fallo contra Ocensa además de absurdo es extremadamente delicado por la inseguridad jurídica que genera en el sector privado y por el incentivo perverso que representa para los grupos al margen de la ley, pues es inevitable que el ELN tome la condena como un triunfo dado que también se responsabiliza a la empresa de los hechos, quedando en igualdad de condición a los criminales y causando confusión en la comunidad en cuanto a los verdaderos responsables de la tragedia.

Luego nos preguntamos por qué la inversión privada no llega en el volumen esperado y por qué algunas empresas de distintos sectores salen en estampida. Colombia está perdiendo uno de sus mayores activos: la seguridad jurídica.

Francisco José Lloreda Mera
Presidente de la ACP

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