Gran controversia en el sector eléctrico ha suscitado el Decreto Ley 1276 de 2023, expedido con base en la emergencia económica decretada por el Gobierno Nacional para La Guajira, respecto a la suspensión de los contratos de suministro de energía adjudicados en las subastas realizadas en 2019 y 2021 durante la anterior administración.La situación arranca a partir de la subasta de 2019. Los proyectos adjudicados debían operar en diciembre de 2022. Este plazo resultaba claramente insuficiente. En ello el optimismo del anterior Gobierno para tener los proyectos funcionando dentro de su período, fue exagerado, al igual que la de los inversionistas que sabían que estos plazos eran insuficientes.
Las condiciones de la subasta, les daban un salvavidas de dos años para entrar en operación, período durante el cual podían cumplir sus contratos comprando la energía en la bolsa de corto plazo o con contratos bilaterales. En todo caso era evidente que en ninguno de esos mecanismos iban a conseguir energía a precios similares a los de los contratos adjudicados en la subasta. Algo similar ocurrió con la subasta de 2021. El hecho de que varios de los proyectos ubicados en La Guajira se deben conectar a la Línea Colectora, que lleva varios años de atraso y de que los precios de la energía en la bolsa y en los contratos bilaterales se hayan incrementado en los últimos meses, complica más el panorama.
El atraso de estos proyectos afecta la confiabilidad del sistema a futuro. Si no se construyen no sólo se reduce la oferta de energía, sino que implica costos mayores de la energía al tener que usarse fuentes térmicas más costosas para suplir la demanda y peor aún, las comunidades no contarán con las transferencias que deben hacer estas plantas de hasta el 6% de sus ingresos. Por estas razones, el actual Gobierno desea que los proyectos se construyan rápidamente para mostrar resultados concretos de la política de transición energética.
La solución que encontró el gobierno fue suspender los contratos para evitar que estas empresas no construyeran los proyectos. Desde este punto de vista la solución puede funcionar. Pero aliviar la situación de los generadores, implica afectar a los compradores, porque pierden estos contratos a un precio fijo ya establecido en las subastas y ahora tienen que salir a comprar energía a precios de El Niño.
El Gobierno entonces, enfrenta un tremendo dilema: Salva los proyectos y con ello, avanza la política de transición energética, o mantiene el statu quo y pone en peligro la ejecución de proyectos que son necesarios para atender la demanda futura del país. Al optar por la primera opción, claramente afectó a los usuarios en el corto plazo. Sin embargo, la solución la tiene el Gobierno, sin necesidad de decretos de emergencia. Es hora de revisar los mecanismos de formación de precios del mercado mayorista tal que reduzcan las tarifas finales sin afectar la sostenibilidad de las empresas.
Germán Corredor A.
Profesor Universidad Nacional de Colombia
