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¿Es posible que Estado colombiano contrate a través de criptoactivos?

La discusión debería girar en torno a la tecnología subyacente, es decir, transparencia, inmutabilidad, confianza y seguridad.

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septiembre 28 de 2021
2021-09-28 08:00 p. m.
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El Bitcoin o BTC por su abreviatura, es una criptomoneda basada en un código abierto y red entre iguales (peer to peer), utilizada como sistema de pago, resguardo de valor y mercancía, lanzada en 2009 por Satoshi Nakamoto.

Como principales características se encuentran la descentralización en la emisión y control de la moneda, el anonimato y seguridad en las transacciones, garantizando así la democratización, trasparencia y accesibilidad.

De la mano de este desarrollo, y no menos importante, surgió Blockchain o cadena de bloques, concebida como un gran libro contable digital, público, distribuido y a prueba de manipulaciones, mediante el cual se registran de forma permanente y verificable todas las transacciones hechas en la red.

Pese al escepticismo de los primeros años desde su lanzamiento, Bitcoin ha ido ganando la confianza entre los usuarios y la ciudadanía en general, dando paso además a miles de criptomonedas.

En concordancia con esta realidad, el Estado colombiano ha venido explorando la tecnología Blockchain como herramienta en la lucha contra la corrupción, situación que genera un sinfín de interrogantes frente al uso del BTC y otras criptomonedas en la estructuración de los negocios estatales y particularmente en la licitación pública.

Sumado a lo anterior, la iniciativa privada también demuestra la tendencia y el impacto que el uso de estas tecnologías tiene para aportar al país, destacando de ellas las siguientes experiencias:

Experiencia estatal

De los diversos campos que han venido explorando las diferentes entidades del Estado, destaca el piloto implementado por la Procuraduría General de la Nación, en asocio con el BID, la Universidad Nacional y el equipo para la Cuarta Revolución Industrial del Foro Económico Mundial, en donde se presentó la incorporación de la tecnología de cadena de bloques en la etapa precontractual para la contratación pública del Programa de Alimentación Escolar, PAE.

La iniciativa surgió en junio del año pasado y tuvo como eje central la utilización de la tecnología Blockchain como una herramienta en la lucha contra la corrupción, en tanto garantiza el anonimato de los participantes a la vez que genera un registro histórico inalterable de todas las actuaciones adelantadas.

En un sentido similar, la Agencia Nacional de Hidrocarburos anunció la implementación de Blockchain para la asignación de áreas de explotación, con el fin de resguardar y certificar la veracidad de la documentación suministrada en la etapa precontractual por los oferentes.

Experiencias locales y empresariales

El ecosistema nacional de empresas que desarrollan tecnología Blockchain y de criptoactivos ha venido creciendo de manera exponencial; de ellas han surgido varias agremiaciones como Asoblockchain, Colombia Fintech y Blockchain Colombia; también sociedades comerciales como Hash Trust Company y Tru Group que ofrecen alternativas de solución empresariales sirviéndose este tipo de tecnologías.

Pese a dichas iniciativas, resulta difícil pensar que, en el estado actual de cosas, las instituciones oficiales puedan contratar a través del uso de BTC. Al respecto señalo cuatro aspectos esenciales para tener en cuenta en el hipotético escenario en que se busque esta transición:

1.Volatilidad: El BTC, al ser un activo ‘joven’ aún está sujeto a la volatilidad propia de un mercado en etapa de adopción temprana y esto genera un alto margen de inseguridad al momento de pactar los valores del contrato, la modalidad de contratación y en general las condiciones económicas del negocio.

2.Comisiones:
Al tratarse de una red distribuida, que funciona bajo el mecanismo de prueba de trabajo, cada transacción realizada genera costos en comisiones derivado de la minería Blockchain en el registro transaccional.

3.Inseguridad jurídica:
La ausencia de regulación en la materia imposibilita la consecución de estabilidad jurídica frente al manejo de los recursos públicos y el actuar de los entes de control.

4.Autonomía:
Alude al carácter discrecional que le ha otorgado la Corte Constitucional a la contratación estatal en el desarrollo de la sentencia C-119 de 2020, con la cual las entidades determinan desde la estructuración de los pliegos hasta las condiciones del negocio.

Vale la pena mencionar que Bitcoin está diseñado para funcionar sin la intervención estatal. Sin embargo, cada día parece más claro que los Estados y el sistema financiero no podrán actuar sin criptoactivos en un escenario de alta competitividad, tal como lo demuestran las iniciativas de CBDC (Central Bank Digital Currency) que han intentado abrir un espacio en el mercado cripto para las monedas tradicionales como el euro y el yuan.

Así las cosas, considero que la discusión no debería girar en torno al uso de Bitcoin o de cualquier otra criptomoneda en la contratación pública, puesto que dicho enfoque se enmarcaría en la moneda de pago y perdería de vista el verdadero valor agregado de este activo y de la tecnología subyacente, es decir, transparencia, inmutabilidad, confianza y seguridad, elementos necesarios para combatir la corrupción en el escenario de la contratación estatal.

Como consecuencia, el debate público se desligaría de una criptomoneda en específico, dando paso a comprender la tecnología que la hizo posible, así como los elementos fundacionales de la misma, lo cual permitiría un verdadero avance como sociedad en la democratización, transparencia y accesibilidad al sistema público de contratación que seguramente conducirá a disminuir el gravísimo problema de la corrupción.

Santiago Marín
Abogado Senior
Quintero & Quintero Abogados

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