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Evaluación Nacional de Riesgo contra economías criminales

Este es un ejercicio esencial para la construcción de políticas públicas antilavado pues permite hacer un diagnóstico respecto al nivel de amenazas. 

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julio 11 de 2019
2019-07-11 07:25 p.m.
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El 18 de diciembre del año 2013 Colombia puso en marcha el Conpes 3793 que establecía, por primera vez, una Política Pública Nacional Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo en el país.

El Conpes 3793 se cumplió a cabalidad, sin embargo, la dinámica de la convergencia criminal evidencia un crimen transnacional cada vez más asociativo, creativo y recursivo frente a las estrategias de prevención y detección, y a los esquemas de seguridad y defensa.

La diversificación de las actividades criminales se acompaña de la especialización de las operaciones por parte del crimen organizado, que muchas veces reproduce la forma de operar de las empresas legales, en donde la interdependencia de los diferentes actores de la cadena productiva es fundamental para la buena operación de los negocios.

Este modelo asociativo de correlación delictiva, emplea modus operandi o tipologías cada vez más sofisticados, para evadir la vigilancia de las autoridades e incrementar el rendimiento de las economías ilícitas y el uso de recursos a través del circuito económico legal.

ECONOMÍA DEL DELITO 

De acuerdo con un informe publicado en el año 2012 por la Oficina de Naciones Unidas Contra la droga y el Delito (UNODC) y el Banco Mundial, esta capacidad de asociación y fortalecimiento de las organizaciones delictivas, ubica al crimen organizado entre las 20 primeras economías del mundo.

Por esa razón, la neutralización de las estructuras criminales debe acompañarse de estrategias de política pública, antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo, con el fin de impactar los recursos económicos de las sociedades del delito, ya que estas organizaciones subsisten en la medida en que generan ingresos y tengan capitales para operar.

EL IMPACTO

El efecto de la empresa criminal en la economía nacional causa una distorsión que detiene el crecimiento desde el corazón mismo de la productividad.

Delitos como el contrabando, la corrupción o la evasión fiscal (por mencionar solo algunos de los 66 delitos fuente del lavado de activos consignados en el Código Penal) afectan de manera directa la competencia legal, los costos operativos de las empresas, el rendimiento de los sectores, la inversión social, la estabilidad financiera de las familias, la generación de empleo y en definitiva, el desarrollo del país.

Si se tiene en cuenta la magnitud de estas consecuencias para la economía y el bienestar de los colombianos, es necesario orientar la política pública hacia la identificación y desestructuración de las redes de economías ilícitas, con el objetivo de proteger la economía nacional de los dineros de origen ilegal.

Destruir el aparato financiero del delito es la solución más acertada para desarticular estructuras criminales, proteger la economía del país y apoyar su crecimiento sostenido.

Con este propósito en mente es fundamental un diagnóstico acertado sobre las amenazas y vulnerabilidades frente al lavado de activos, sus delitos fuente y la financiación del terrorismo, para así mitigar los riesgos inherentes a estos flagelos.

Las Evaluaciones Nacionales de Riesgo (ENR) de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo se presentan como un ejercicio esencial para la construcción de políticas públicas anti lavado, ya que permiten hacer un diagnóstico acertado con respecto a las causas y niveles de esas amenazas.

Además, emplea una metodología robusta y colaborativa que involucra a todos los actores de la cadena de prevención, detección, investigación y, por supuesto, el juzgamiento.

Al respecto, Colombia ha sido un país pionero en la región. A partir de la primera ENR realizada en 2013, se configuró y se puso en marcha el Conpes 3793.

Hoy, casi seis años después, la Unidad de Información y Análisis Financiero está liderando la tercera ENR con el objetivo de elaborar un diagnóstico actualizado sobre el lavado de activos y la financiación del terrorismo en Colombia, para desarrollar nuevas propuestas de política pública que quedarán plasmadas en un próximo documento Conpes.

El resultado de la ENR 2019 servirá también para mejorar los instrumentos y mecanismos de prevención y detección, de forma dinámica y efectiva.

El sistema Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo sabe que el propósito superior es proteger la economía nacional de la ilegalidad, en favor de la seguridad, el emprendimiento y la equidad. En ese sentido, la ENR es un instrumento para combatir las economías criminales con efectividad.

El compromiso nacional con este ejercicio nos permitirá generar conocimiento, formular estrategias, desarrollar evaluaciones, promover la puesta en marcha de políticas públicas, y todo lo que sea necesario para blindar a los sectores de la ilegalidad con el fin de contribuir al crecimiento y el bienestar de los colombianos.

Javier Gutiérrez López
Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)

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