Las importaciones en Colombia de mercancía proveniente de la zona franca de Colón, siempre han sido un dolor de cabeza para nuestras autoridades. Panamá es una estación en el tránsito de las mercancías que llegan a Colombia originarias de países como China y Vietnam, a precios irrisorios. Las industrias de textiles, calzado, y confecciones pusieron el grito en el cielo, con toda razón.
Para controlar la subfacturación de las telas, las confecciones y el calzado de Panamá, nuestras autoridades adoptaron medidas drásticas que violaron las normas de la OMC, que son ley en Colombia. Esos productos solo podían entrar por tres puertos (discriminación contra Panamá), y algunas mercancías tenían que pagar el impuesto de importación sobre la base de precios mínimos establecidos arbitrariamente por las autoridades (la ley dice que el precio para la liquidación de los tributos es el consignado en la factura). Con razón, los panameños demandaron (2007), y ganaron (2009).
Para corregir, nuestras autoridades diseñaron un impuesto de importación de tantos pesos por kilo de tela o prenda de vestir, y tantos pesos por par de calzado. Pero esta fórmula violaba los topes arancelarios consignados en nuestra legislación. Panamá volvió a demandar (2013). Nuestros abogados sabían que los panameños tenían razón, pero preferimos seguir contratando abogados internacionales para defender lo indefendible. Panamá volvió a ganar (2016).
Colombia volvió a rectificar. Mantuvo los aranceles por kilo y por par de zapatos, pero les puso un tope, y agregó el requisito de acompañar las importaciones con una documentación dificilísima de acopiar. Panamá volvió a demandar (2017). Esta vez ganó Colombia (2018). Según laudo reciente de los árbitros de la OMC, el régimen para la importación de esas mercancías cumple con la legislación internacional.
Así como las guerras con muertos son una bonanza para los productores de armas, las guerras con aranceles son una bonanza para las firmas de abogados. Colombia ha gastado en esta guerrita más de $2.000 millones (no actualizados) en gastos de abogados internacionales. El otro costo ha sido el aumento del arancel para nuestra canasta exportadora panameña, al máximo permisible (retorsión). Por último, estuvimos cerca de que Panamá nos aplicara sanciones comerciales por US$210 millones.
Los argumentos de la empresa suiza que nos defendía eran descabellados. No pudieron presentar pruebas de que ese comercio era para lavar dinero y financiar terrorismo. Alegaron que ese comercio era ilícito (sin pruebas), y que para ese tipo de comercio no estábamos obligados a aplicar las reglas del comercio lícito, es decir, teníamos el derecho de aplastar ese comercio por el hecho de ser supuestamente ilícito. Por último, recurrieron al argumento de que esos aranceles ilegales eran necesarios para defender la moral pública de los colombianos. La reflexión era que esas importaciones se efectuaban para lavar dinero, y que el lavado de dinero ofendía nuestra moral pública.
La plata que pagamos en abogados internacionales se perdió ¿Por qué no se hicieron las cosas bien desde el comienzo? El Estado es el mayor infractor de sus propias leyes. Los huecos se tapan abriendo otro hueco, para que el que venga atrás tape ese hueco con otro hueco más grande. El problema originado por aranceles ilegales se solucionó con otros aranceles ilegales.
En el presupuesto nacional ya existe una partida importante para las disputas derivadas de la inserción de Colombia a los mercados internacionales. Cuando llegue la hora de pagar las indemnizaciones por las demandas de las multinacionales al Estado colombiano ante el tribunal del Ciadi en Washington (por ejercer nuestro derecho a legislar), todo será a cargo del presupuesto nacional, y este se financia con sucesivas reformas tributarias.
En el juego de la administración pública, todos pagan, nadie pone.
Diego Prieto Uribe
Experto en comercio internacional
priediego@gmail.com