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Financiamiento del mayor déficit fiscal

Si las medidas de gasto anunciadas son efectivas, es posible que el país pueda tener una menor contracción del PIB que sus pares en la región.

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mayo 14 de 2020
2020-05-14 10:41 p.m.
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El Comité Consultivo de la Regla Fiscal (CCRF) autorizó hace un par de semanas un aumento del déficit del Gobierno Nacional Central (GNC) a 6,1% del PIB en 2020 para afrontar el choque asociado al covid-19. Este déficit es mayor al 2,2% proyectado previamente y al 2,5% alcanzando en 2019.

Lo anterior es consistente con un escenario de contracción económica de 5,5%, de manera que la brecha del producto, la diferencia entre el PIB esperado y el potencial, sería de -10,8% del PIB.

En línea con esta proyección de caída en la actividad económica, el Gobierno espera una disminución del recaudo tributario de 1,4% del PIB y está autorizado por el CCRF a tener un mayor gasto de 2,4% del PIB -aproximadamente 25 billones de pesos.

Con estas nuevas cifras, es de esperarse que la deuda bruta del Gobierno ascienda a 63,2% del PIB este año, es decir, un aumento de 10,7 puntos del PIB respecto a 2019.

De este aumento de deuda, 3,6 puntos corresponden a la caída del PIB real, 2,9 puntos al aumento del déficit primario del GNC y 2,8 al efecto de la devaluación de la tasa de cambio. Cabe resaltar que el reconocimiento de pasivos generados en vigencias previas aumentó la deuda bruta del GNC en 2,2 puntos del PIB, efecto que está incorporado desde 2019.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda los recursos para financiar el déficit adicional de 2020 ya están garantizados.

En un contexto adverso de alta volatilidad y aumento de la aversión al riesgo en los mercados financieros, la estrategia ha consistido en ir agotando escalonadamente las fuentes de financiación menos costosas, sin tener que hacer, hasta ahora, nuevas emisiones de títulos de deuda pública en el mercado internacional.

En primer lugar, el Gobierno tomó prestados 12,1 billones de pesos (1,2% del PIB) del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y 2,7 billones (0,3% del PIB) del Fondo de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET) -ambos hacen parte del ahorro acumulado en el Sistema General de Regalías (SGR)-.

El préstamo del FAE se realizó a una tasa de interés de 0% y empezará a pagarse en 2023, mientras que más de la tercera parte del préstamo del Fonpet también tiene coste cero y el restante tendría tasas de interés a condiciones de mercado, las cuales serían inferiores a 5%.

En segundo lugar, el Ministerio de Hacienda tomó cerca de 2,9 billones de pesos (0,3% del PIB) del Grupo Bicentenario, donde estaban depositados los recursos de la venta de Isagén. El costo de estos recursos también estaría por debajo de 5%.

Adicionalmente, en un movimiento coordinado entre el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda, la autoridad monetaria liberó recursos del encaje bancario por más de 9 billones de pesos, para que luego el Gobierno estableciera que los establecimientos de crédito deben realizar inversiones forzosas en Títulos de Solidaridad (TDS) por 11 billones de pesos (1% del PIB). Estos títulos tienen vencimientos a un año, postergables hasta por 10 años, y sus tasas de interés se aproximan a las de mercado.

Las fuentes mencionadas hasta el momento ascienden a 27,7 billones de pesos (2,7% del PIB) y permiten financiar el gasto contracíclico para atender el costo económico de la pandemia a un costo que estimamos es cercano a 2% efectivo anual.

Ahora bien, el Gobierno proyecta que la fuerte contracción económica reducirá sus ingresos tributarios de este año en cerca de 1,4% del PIB, por lo cual decidió acudir a financiación adicional con organismos multilaterales. Como resultado de esta gestión, el país accederá a préstamos por un monto total de 2.500 millones de dólares con la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros, a tasas de interés que oscilan entre 1,7% y 2,7% en dólares (entre 4% y 5% en pesos, aproximadamente). De esta forma, el déficit fiscal adicional como resultado de la pandemia sería de casi 41 billones de pesos (3,9% del PIB), los cuales estarían financiados a una tasa de interés de aproximadamente 3%, en promedio.

Por otra parte, para financiar el déficit fiscal previsto antes del covid-19 (2,2% del PIB), la estrategia del Ministerio de Hacienda sigue siendo la emisión de TES en el mercado local mediante el programa de subastas -cerca del 80% del déficit inicial, con un avance acumulado entre enero y abril que llega a 35%- a una tasa de interés de alrededor de 6%. El resto está cubierto con emisiones en el mercado internacional que Crédito Público realizó a comienzos de año, por 1.400 millones de dólares más 1.700 millones asegurados con entidades multilaterales. Estimamos que la tasa de interés que está pagando el Gobierno para financiar su déficit este año es cercana a 4%.

De esta forma, para atender la emergencia sanitaria y económica asociada al COVID-19 el Gobierno logró financiarse a tasas de interés que, en promedio, se ubican muy por debajo de las del mercado, al punto que no ha sido necesario acudir a emisión de deuda en el exterior. Esta estrategia puede jugar a favor del país y diferenciarlo positivamente de otras economías emergentes en los próximos meses. Si las medidas de gasto anunciadas son efectivas y se focalizan correctamente, es posible que Colombia pueda tener una contracción en la actividad económica que sus pares en la región y mejores perspectivas de recuperación a partir del segundo semestre del año. La focalización del gasto y su eficiencia resulta fundamental si queremos que estas mejores perspectivas se materialicen.

José Ignacio López
Director - Investigaciones Económicas Corficolombiana

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