Era previsible que, inconforme con el impuesto al cigarrillo establecido en la reforma tributaria del 2016, la industria tabacalera saliera a alegar que el nuevo gravamen no estaba funcionando. A comienzos de mayo, algunos medios registraron un estudio realizado por Invamer para la Andi, según el cual, una vez el impuesto a las cajetillas de 20 cigarrillos aumentó de 701 a 2.100 pesos, el contrabando de este producto en Colombia se incrementó en cinco puntos porcentuales hasta llegar a 18 por ciento.
Humberto Mora, director de Asuntos Corporativos de Coltabaco, aprovechó el dato para agregar que el recaudo sería insostenible en el tiempo, que los fumadores no estaban abandonado el hábito, sino migrando del cigarrillo legal al ilegal y que, consecuentemente, el impacto de los nuevos gravámenes en la salud pública sería nulo.
El surtido de afirmaciones de la industria tabacalera tiene un sustento bastante discutible. Contrariando sus afirmaciones, la Fundación Anáas, de carácter independiente, mostró a comienzos de este año que el contrabando de cigarrillos en Colombia se mantenía en niveles moderados: de 3,5 a 6,4 por ciento entre el 2016 y el 2017.
Fue entonces cuando las tabacaleras se apresuraron a descalificar la metodología del estudio. Según Mora, el trabajo de Anáas estaba sesgado, pues no incluía en la muestra a departamentos periféricos. Adicionalmente, aseguró que el impuesto solo había logrado que los consumidores en Colombia sustituyeran tabaco legal por el contrabandeado.
Desacreditar un estudio que surtió el trámite de las publicaciones científicas y fue publicado por Tobacco Control –revista internacional de primer nivel– es una postura intelectualmente imprudente. Y más aún si se tiene en cuenta que dicho trabajo recogió las recomendaciones técnicas del Banco Mundial y es representativo a nivel de ciudad, a tal punto que incluyó a Cúcuta, que efectivamente tiene un problema de contrabando.
A este estudio se suma una evaluación de impacto realizada por académicos de la Universidad del Rosario, según la cual el impuesto tuvo poca influencia sobre el tamaño del contrabando de cigarrillos en Colombia.
Por eso, cabe preguntarse: ¿el estudio de Invamer cuenta con el aval de calidad de alguna revista científica y siguió las metodologías recomendadas por expertos libres de conflictos de interés?
La falta de coincidencia entre estudios independientes y la industria no solo es característico del contexto colombiano. En Chile, por ejemplo, mientras estudios independientes estiman que el tamaño del contrabando es de 11 por ciento, la industria tabacalera presenta una cifra de 24 por ciento. En Australia, la diferencia es de 3,0 por ciento vs. 15,9 por ciento, y para Europa de 6,5 por ciento vs. 9,9 por ciento. Este patrón de sesgo hace más relevante la importancia de los estudios independientes y, en el mejor de los escenarios, estudios que cuenten con una participación activa de los gobiernos.
DOBLE BENEFICIO
La industria tabacalera también afirma que el mayor recaudo proveniente del aumento impositivo no será sostenible. Sin embargo, como lo señaló el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, el recaudo pasó de 595.000 millones en el 2016 a más de 878.000 millones, y se estima que para finales de este año podría estar por encima del billón de pesos. Esto, sin tener en cuenta los recursos que se recibirán por los nuevos productos electrónicos de calentamiento de tabaco como los iQOS/Heets. El mal presagio de las tabacaleras se desvirtúa con la evidencia internacional y estimaciones independientes, que señalan que el recaudo mantendrá su senda positiva en los próximos años.
Por otra parte, llama la atención que la industria se atreva a asegurar que los impuestos al tabaco no han servido para cumplir los objetivos de salud pública, cuando la última Encuesta de Calidad de Vida señala que el consumo de tabaco en Colombia se redujo de 8,3 a 7,0 por ciento, a nivel nacional, en todos los grupos de edad y en áreas urbanas y rurales. La disminución de más de un punto en solo un año se traduce en menos vidas perdidas, más años de vida y un menor número de casos de cáncer de pulmón, enfermedades cardiacas o respiratorias. Es curioso que la industria no haga alusión a estos datos de reducción del consumo, cuando provienen de una encuesta oficial realizada todos los años por el Dane y representativa a nivel nacional y regional.
Más allá, debe anotarse que el propósito de los impuestos al tabaco no es reducir el contrabando, sino salvar vidas. Pocas estrategias en salud pública logran un doble efecto como esta: por la vía del aumento del precio desestimulan el consumo –causante de 32.088 muertes (16 por ciento del total) en Colombia cada año–, y por el lado del recaudo compensan parte de los costos asociados a la enfermedad de los consumidores –4 billones de pesos–.
No es capricho que los impuestos al cigarrillo sean catalogados por escuelas de salud pública, académicos independientes de alto nivel y la propia Organización Mundial de la Salud como una de las medidas más costo-efectivas para luchar contra la epidemia del tabaquismo y las enfermedades no transmisibles.
La evidencia no debe ser omitida de manera deliberada. El derecho a la salud de los colombianos tiene que estar por encima de los intereses comerciales de la industria tabacalera. Desinformar para influir en la agenda política puede tener implicaciones, literalmente, mortales.
Pamela Góngora Salazar
Asesora del Ministerio de Salud
