La Reforma Tributaria incluyó los ‘impuestos verdes’. Si bien, estos tributos existen hace décadas en el mundo, su inclusión en Colombia es importante no solo para reforzar las débiles tasas de uso y retributivas de aguas y los cobros por emisiones, que, además, requieren revisión y ajustes hace tiempo, sino también para ajustar la economía a los costos verdaderos.
Los impuestos verdes ayudan a revelar mejor, de manera más real, los efectos económicos diferentes a los registrados a través del mercado, sobre nuestra base productiva y sobre la gente. Revelan las ‘externalidades’ económicas, que pueden ser mayores en magnitud que los precios del mercado. La Andi, expresó, en el curso de la discusión de la reforma, su preocupación por el efecto de estos impuestos en la competitividad, el empleo y en la capacidad de exportación de nuestras industrias y empresas. Su opinión, muy respetable, pero controversial, merece discusión, porque ya la vivió la sociedad norteamericana y europea hace años, y la conclusión fue la contraria.
Los impuestos e incentivos ‘verdes’ son muy importantes en las sociedades más avanzadas social y políticamente.
En 1995, Robert Repetto, y su equipo del World Resources Institute (WRI), sugirió que los impuestos o tasas verdes pueden trabajar por el ambiente y la economía al mismo tiempo, y recomendó su uso como cargos a la contaminación, a los residuos y a la congestión, proporcionalmente a su generación. La sustitución de impuestos existentes al empleo o la producción por tasas o impuestos verdes no solo resulta en un ambiente más limpio, sino que reduce los desincentivos económicos de los gravámenes existentes, por lo cual contribuye a fortalecer la economía, al contrario de desincentivarla. La preocupación por la pérdida de empleos y de competitividad de la industria norteamericana, que manifestaban insistentemente los industriales y empresarios, –por la mayor exigencia ambiental–, resultó en lo contrario: aumento de empleos más calificados y mayores exportaciones, porque la innovación para disminuir emisiones generó otras actividades y el mundo demandó más productos y experticia de Estados Unidos.
El problema ambiental es muy serio y no tenemos idea de su dimensión real. El profesor Shindell, de la excelente Universidad de Duke, North Carolina –en la que estudió economía e historia nuestro alcalde de Bogotá–, demuestra que mientras que el galón de combustible fósil cuesta al usuario privado alrededor de 2 dólares, el costo social y ambiental que asume la sociedad por las emisiones de todos los gases y partículas, que se convierten en daños a la salud y a los cultivos (sin contar los daños a los ecosistemas), resultan 3,80 dólares, si es gasolina, y en 4,80, si es diésel. Es decir, la sociedad paga mucho más que lo que paga el privado que lo aprovecha. El profesor Shindell afirma que “estamos tomando decisiones basados en costos equivocados”; esa es la verdadera razón de los impuestos verdes, corregir una enorme falla del mercado y del Estado. En ciudades 2.600 metros por encima del mar, el problema es aún mayor.
Robert Costanza y su equipo demostraron que mientras que el PIB total mundial (2007) fue de 75 trillones de dólares, el cálculo económico de 19 servicios de la naturaleza a la sociedad en 17 ecosistemas fue de hasta 135 trillones de dólares. Si la cuidamos, la naturaleza es generosa y nos regala muchos beneficios. Si la maltratamos y destruimos, perdemos servicios gigantescos y generamos riesgos y costos económicos y sociales monumentales. Nuestra ignorancia acerca de las especies y sus ecosistemas es demasiado alta y no estamos inviertiendo en conocerla y cuidarla.
Colciencias, en el 2013, preparó con el Ministerio de Hacienda, un documento de soporte para incorporar los impuestos verdes en estrategias innovadoras, en vez de medidas curativas y paliativas. Así, por ejemplo, en el desarrollo de vehículos y movilidad eléctrica; en promover el ahorro y uso eficiente de energía; en avanzar en la ‘transición energética’, en la cual el mundo nos lleva mucha ventaja; en el cambio de la ganadería extensiva, que usa las mejores tierras agrícolas por los sistemas silvopastoriles y la agroecología para productos ‘orgánicos’ y también en reforestación. En rediseñar las ciudades para que sean incluyentes, resilientes y competitivas. Los impuestos y los incentivos verdes bien usados y en la magnitud adecuada son un gran factor de desarrollo verdadero, lo cual sigue siendo una tarea pendiente. Cambiemos gravámenes regresivos al trabajo y a la empresa, por tributos a los depredadores y contaminadores, e incentivos a los que cambian su cultura por una de coexistencia armónica con la naturaleza.
Los economistas y administradores del siglo XXI serán mucho más ambientales, ecológicos, justos, cooperativos, solidarios y respetuosos de la naturaleza. Por ahí es la cosa.
Carlos H. Fonseca Zárate
Decano Ciencias Económicas
Universidad de Sinú
