Uno de los estragos como consecuencia de la pandemia en la economía mundial y de la cual no escapa Colombia, es el incremento de la inflación, que en el mes de marzo registró una variación anual de 8,53%, generando cambios en la estructura de precios tanto en los insumos de materias primas que requiere el sector empresarial como en los productos básicos de la canasta familiar.
Cuando observamos los costos e implicaciones de la inflación, nos damos cuenta de su influencia en el bienestar económico y social, lo que conlleva que, en los hogares y las empresas, las cabezas responsables tomen decisiones para mitigar estos efectos y poder en muchos casos, subsistir.
En este mismo sentido, al hacer énfasis en el sector empresarial, y teniendo en cuenta el segmento de las micro, pequeñas y medianas empresas, el cual debido a su estructura es más vulnerable al impacto que genera la inflación, tal como lo muestran los resultados presentados por el Observatorio MiPyme de Acopi, donde se obtuvo que, cerca del 98 por ciento de empresarios MiPyme han visto afectado su desempeño por el alza de la inflación, provocando disminuciones en indicadores como el nivel de ventas, la producción de bienes y servicios, la inversión y el empleo, siendo este último el de mayor preocupación, pues el 50 por ciento de empresarios manifestaron que los puestos de trabajo en sus organizaciones se han visto perjudicados hasta en un 30 por ciento a causa de los esfuerzos que han tenido que realizar para solventar el encarecimiento de insumos y la problemática de desabastecimiento mundial.
El panorama a través de estas cifras resulta ser preocupante al no tener certidumbre sobre los próximos meses, y a pesar que el Banco de la República tenga expectativas de disminución de inflación a un 4,55 por ciento en el próximo año, el 26,8 por ciento de empresarios MiPyme afirma que, si el fenómeno persiste, se verán perjudicados sus ingresos, el 22,9 por ciento asevera una perdida de competitividad frente a otras empresas, un 19,9 por ciento indica la posibilidad de ver disminuida su capacidad de compra, el 18,2 por ciento deberá despedir personal y un 12,2 por ciento tomará la difícil decisión de cerrar su compañía.
En esta situación, esperamos que el Banco de la República siga tomando las decisiones correctas y el Gobierno Nacional provea los instrumentos necesarios para controlar este fenómeno, permitiendo contribuir a que el segmento MiPyme siga generando y protegiendo empleo, el cual debe ser el indicador de mayor importancia en términos de política económica.
Rosmery Quintero
Presidenta Nacional de Acopi.