Los retos de equidad y competitividad de la construcción de la paz serán tarea principal de las entidades territoriales. Este año comienza la implementación de más de 1.100 planes de desarrollo municipales y distritales, y de 32 planes departamentales para el periodo 2016-2019, en los que nuevos mandatarios y ciudadanía han plasmado metas concretas de servicios sociales, seguridad, infraestructura, entre otras, en el contexto de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible 2016-2030. Pero, ¿están preparadas las entidades territoriales para financiar con eficiencia y transparencia la inversión social prevista en sus planes en esta primera etapa del posconflicto?
La Comisión de Expertos para la reforma tributaria destaca la precariedad fiscal en la mayoría de los gobiernos subnacionales: i) fuerte debilidad de la administración y fiscalización; ii) elevado número de tributos, pero concentración en unos pocos desactualizados e ineficientes, y iii) exagerada dependencia de las transferencias de la Nación y de las regalías; dos fuentes que representan hoy cerca del 75 por ciento de los ingresos territoriales, y estarán sujetas a conocidas restricciones en próximos años. La Comisión hace un urgente llamado a emprender una revisión integral de los tributos territoriales, que no se hace desde hace más de 30 años, y señala igualmente la necesidad de identificar nuevas fuentes de financiación.
De otro lado, pese a los avances del control para el buen uso de las regalías, el DNP continúa encontrando serias deficiencias en estructuración y gestión de proyectos: 574 municipios (52 por ciento) tienen falencias ‘críticas’ o ‘altas’ en capacidad de estructurar proyectos, lo que genera bajos niveles de contratación y altos saldos de recursos, así como demoras y sobrecostos en la ejecución de obras. Entre el 2012 y el 2015 se registraron más de 2 billones de pesos en saldos por no contarse con proyectos estructurados, y 672 municipios tuvieron más del 20 por ciento de saldos de los recursos asignados. También, el 21 por ciento de los proyectos aprobados se demoró 2,5 veces su plazo de ejecución.
Hay que insistir en el fortalecimiento institucional territorial. El Plan Nacional de Desarrollo y el Conpes han generado incentivos, financiamiento y mecanismos para apoyar mejores prácticas en estructuración de proyectos, y el sector privado puede jugar un papel importante de apoyo a estas iniciativas. De hecho, varias entidades y empresas del sector minero-energético, entre otras, se han venido articulando a la llamada ‘Red de Estructuradores’, con los beneficios que ello conlleva en la mejora de la calidad e impacto de los proyectos.
No obstante, los recursos públicos seguirán siendo insuficientes para financiar la nueva infraestructura social y física que exigirá el posconflicto. Mecanismos de fomento a la participación de la empresa privada en la inversión territorial, implementados con éxito por Perú –uno de los socios de la Alianza Pacífico–, merecen estudiarse. Desde el 2008, bajo el esquema denominado ‘obras por impuestos’, gobiernos locales peruanos han adjudicado a compañías, o consorcios, el desarrollo y ejecución eficiente de 169 proyectos por 600 millones de dólares para atender coberturas en agua potable, saneamiento, caminos, puentes, escuelas, centros de salud, entre otras, para beneficio de cerca de 9 millones de peruanos.
Una adaptación de esta modalidad de alianzas con gobiernos locales al régimen legal colombiano es posible, y sería de gran apoyo a la inversión territorial que prevén los nuevos Planes de Desarrollo 2016-2019.
Alfredo Fuentes Hernández
Consultor
afuentes@fuenteshernandez.com
Mauricio Reina
INVESTIGADOR FEDESARROLLO
